La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denuncia y condena una serie de sanciones administrativas y medidas judiciales contra periodistas y medios ecuatorianos y las califica de "nueva ola de represalias oficiales tendientes a censurar las críticas" contra el presidente del Ecuador, Rafael Correa.
Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, explicó su preocupación ante "el aceitado sistema de instituciones estatales que se pone en marcha para defender al presidente Correa toda vez que él fustiga a sus críticos".
La periodista Janet Hinostroza y Teleamazonas fueron sancionados el 8 de agosto por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) por "linchamiento mediático" y recibieron una amonestación escrita después que el presidente Correa "fustigara durante su alocución sabatina a la periodista y al canal por haber cuestionado el proceso de subasta de medicamentos del Servicio Nacional de Contratación Pública".
El medio ecuatoriano anunció que solicitará formalmente ante la justicia que se anule la resolución.
A juicio de Paolillo, la acción de la Supercom ecuatoriana "demuestra no solo la intolerancia a la crítica, sino la dependencia de los organismos estatales y del Poder Judicial a los intereses del propio Presidente" y también alertó sobre "una orden judicial que le prohíbe salir del país al periodista Fernando Villavicencio, imponiéndosele, también, el embargo de sus bienes y cuentas bancarias por incumplir con el pago de más de 140 mil dólares estadounidenses a favor del presidente Correa".
Villavicencio cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).