REDACCIÓN INTERNACIONAL. (AFP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones de medios de la región enviaron el miércoles una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedirle que se pronuncie contra la nueva ley de comunicación de Ecuador.
La carta solicita a la CIDH que "se pronuncie de manera contundente frente al proyecto aprobado en la Asamblea Nacional del Ecuador y que debe ser sometida a la aprobación presidencial en los próximos días", indicó un comunicado de la organización patronal de medios en Miami.
Según la SIP, la vigencia de la recién aprobada ley en Ecuador "representa por sí sola la violación de los principios establecidos en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Declaración de principios sobre libertad de expresión adoptados por la CIDH".
La carta enviada al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, fue firmada además de la SIP, por la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep) y el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI), integrado por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Fundamedios de Ecuador y por las representaciones del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Colombia, Perú y Venezuela.
Para estos organismos, la aprobación de la Ley "significa la imposición de restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad democrática".
Además los organismos de prensa consideran que algunos aspectos de la legislación son "contrarios a los estándares internacionales desarrollados en la materia y van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la región en el derecho a la libre expresión".
Entre esos aspectos polémicos la carta a la CIDH mencionó códigos y normas deontológicas que se imponen por ley, así como la imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.
El Congreso ecuatoriano aprobó el viernes por amplia mayoría una ley de comunicación que regula los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y televisión.
El texto, impulsado por el movimiento Alianza País, del presidente izquierdista Rafael Correa, fue aprobado cuatro años después de iniciado su trámite, ordenado por la Constitución de 2008.