La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este miércoles, 20 de abril, su sorpresa por el fallo de culpabilidad contra el periodista peruano Fernando Valencia por difamación.
El organismo internacional cree que es muy preocupante la tendencia de persecución judicial que ha derivado en condenas a prisión o a severas multas por emitir opiniones.
Valencia, ex director del Diario 16, recibió la sentencia de un año y ocho meses de prisión (en suspenso), acusado de difamar al ex presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
El periodista también deberá entregar una reparación monetaria a García por la cantidad de unos 30 mil dólares. Valencia indicó que apelará el fallo.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que “esta sentencia judicial representa una muy preocupante tendencia que parece haber entre los jueces peruanos de condenar a prisión o a severas multas a periodistas por opinar sobre asuntos de interés público”.
“Es un retroceso y un acto de persecución judicial muy grande que va, obviamente, contra los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”, agregó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, en referencia a los principios establecidos en la Declaración de Chapultepec y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en la jurisprudencia interamericana sobre este derecho humano.
La demanda del ex presidente peruano tiene su origen en la publicación el 1 de marzo de 2013 en la portada del periódico de unas declaraciones del actual presidente Ollanta Humala bajo el titular “Ladrones a la cárcel y no en el poder”, que aludió a la gestión de gobierno de García.
Por su parte, el abogado defensor del periodista, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, consideró que la sentencia es “una vulneración a la libertad de expresión de un periodista peruano solo por el hecho de cumplir su misión”.
La semana pasada la SIP se pronunció por otra querella por difamación. Rafael León Rodríguez fue demandado en 2014 por la ex editora general de El Comercio, Martha Meier Miró Quesada, quien se sintió agraviada por el contenido de una columna de Rodríguez, publicada en el semanario Caretas.
La lectura de su sentencia, que podría conllevar una condena penal de tres años de prisión y un castigo económico, está prevista para el próximo 3 de mayo.