Los abogados y familiares de los militares requeridos por la Audiencia Nacional de España para que respondan por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas perpetrado por un comando del ejército en 1989 aseguraron el martes que la Corte Suprema de El Salvador rechazó la petición.
"La resolución de la Corte Plena es a favor de los cuatro militares retenidos", afirmó el abogado defensor Lisandro Quintanilla en entrevista con una radiodifusora local.
La Audiencia Nacional de España ha solicitado la extradición de 17 militares retirados por su posible involucramiento en el asesinato de los seis jesuitas, de los cuales cinco eran españoles, y sus dos empleadas.
En la época los exoficiales integraban la cúpula castrense que, según un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, ordenó la ejecución de los religiosos en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
La policía capturó el 5 de febrero al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares, en su mayoría generales y coroneles, se encuentran prófugos.
El coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y, según decisión de la jueza federal Kimberly Swank, será extraditado a España, medida considerada un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los militares salvadoreños por la muerte de los religiosos."Sabemos que hay una premisa de no extraditar a ninguno", dijo Quintanilla, quien explicó que, de los 17 militares reclamados por España, ellos representan a 14, entre los cuatro que guardan prisión y "solo para ellos puede tener efecto positivo este fallo de Corte Plena".
Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Sus dos colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.
Por su parte, el abogado Carlos Mauricio Guzmán, que es hijo de uno de los militares requeridos que se encuentra prófugo, dijo que "celebramos el hecho que hay una decisión que estábamos esperando". Sin embargo, consideró que este caso "nunca debió abrirse porque en 2012 ya se había resuelto" con un fallo de la Corte Suprema en el que declaró que la extradición no procedía.
Los abogados, los cuales indicaron que aún no han sido notificados oficialmente, dijeron que esperan que los militares sean liberados el miércoles.
La oficina de comunicaciones de la Corte Suprema dijo a la AP que no han recibido la información oficial y que al tenerla la darán a conocer en las redes sociales.
La mayoría de los militares reclamados por la justicia española no han sido sometidos a juicio en El Salvador debido a que el presidente derechista Alfredo Cristiani (1989-1994) emitió un decreto de amnistía después de que salió el informe de la Comisión de la Verdad en 1993 que señalaba a los militares como responsables de la mayoría de los crímenes.
El coronel Benavides fue condenado a 30 años de prisión, pero en 1993 salió libre debido a la amnistía. El militar era miembro de un grupo de oficiales que integraron la cúpula castrense durante el conflicto armado y al que se le conocía como "La Tandona".
Otros tres fueron absueltos en un juicio celebrado entre 1991 y 1992, un procedimiento cuestionado por los mismos jesuitas y organismos internacionales defensores de los derechos humanos.