El expresidente salvadoreño Elías Antonio Tony Saca regresó el jueves a los tribunales de justicia para enfrentar nuevos cargos penales por presuntamente haber sobornado a una empleada judicial.
Saca, que guarda prisión en el penal La Esperanza, conocido como la “cárcel de Mariona”, llegó para enfrentar la audiencia inicial junto a otras 17 personas a quienes la Fiscalía General acusa de varios delitos de corrupción relacionados con el órgano judicial.
En este nuevo proceso, Saca está acusado de sobornar a Ángela Iracema Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil, quien supuestamente filtraba información vinculada con un proceso civil en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
El exmandatario, que vestía una camisa color blanco, lucía visiblemente cansado.
Se sentó solo en un sector del tribunal, habló en privado con su abogado Mario Machado y se quedó a la espera que iniciara el juicio mientras los defensores de los 17 procesados revisaban las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Cuando la audiencia inició, el exmandatario dijo sentirse mal y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le hiciera una evaluación.
El jefe de la oficina de comunicaciones de los tribunales, Ulises Marinero, informó que por prescripción médica Saca no estaría presente en la audiencia inicial y sería representado por su abogado.
“Padece de migraña aguda a raíz de motivaciones nerviosas y se está recomendando que sea enviado a reposo absoluto” en la cárcel de Mariona, informó.
La fiscalía acusa al expresidente por el delito cohecho activo, que según el Código Penal ocurre cuando una persona ofrece o entrega a un funcionario o empleado público una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecute un acto contrario a sus deberes oficiales o para que no realice o retarde un acto.
Saca, de 51 años, tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres empleados de la presidencia están siendo procesados por el desvío de al menos 246 millones de dólares. De ser encontrado culpable, el exmandatario podría ser condenado a un máximo de 32 años de prisión.
Saca también enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito.
La fiscalía lo acusa de incrementar su patrimonio en 3.9 millones de dólares cuando fungió como mandatario entre 2004 y 2009.
Su esposa, Ana Ligia de Saca, enfrenta una denuncia por no poder justificar el origen de más de 589 mil dólares.