Mientras el presidente salvadoreño encabezaba el acto de celebración de los 25 años del fin de la Guerra Civil, un grupo de veteranos reclamaba los beneficios de su participación en el conflicto.
Por un lado, los poderes del Estado acompañados de diplomáticos, representantes de los llamados "países amigos" y de la ONU; por el otro soldados retirados, algunos de los cuales vestían ropas militares con boinas y pañoletas rojas.
Unos aplaudían el silencio de las armas y los cambios alcanzados entre gobierno y el exguerrillero Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los otros caminaban por las calles manifestando que no hay nada que celebrar.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, a pesar de que sólo cuenta con una extensión territorial de 21 mil kilómetros cuadrados y 6.5 millones de personas, hay una tasa de 81 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los veteranos concentrados en la plaza exigen que el gobierno cumpla con una ley aprobada en 2015 por la Asamblea Legislativa.
Entre otras cosas, la petición contempla una indemnización de 10 mil dólares y una pensión vitalicia de 500 dólares mensuales, así como viviendas, becas, créditos y programas de salud integral.
La ley antes mencionada establece que los veteranos tienen derecho a recibir atención privilegiada en salud, educación, becas, créditos, inserción productiva y otros beneficios, aunque no determinó la cuantía de la pensión o la indemnización.
De acuerdo a un censo realizado por el gobierno, el número de excombatientes de ambos bandos de la guerra asciende a casi 95 mil.
En 1981, el FMLN lanzó una ofensiva general y llamó a la insurrección a nivel nacional, pero la iniciativa fracasó y los guerrilleros se replegaron a las montañas, donde se mantuvieron activos hasta la firma de la paz en 1992. El saldo fue superior a los 76 mil muertos y 12 mil desaparecidos.
La Iglesia católica salvadoreña, que fue mediadora en las mesas de dialogo, participó en el 25 aniversario del fin de la guerra y en un pronunciamiento titulado "Firmamos la paz pero no vivimos en paz, ni estamos reconciliados", afirmó que la celebración se produce "en un momento de profunda crisis y de gran desesperanza. Algunos incluso se preguntan si tiene sentido hacer fiesta cuando la mayoría de los compatriotas, según afirman las últimas encuestas, creen que este año el país no va a mejorar".
El obispo auxiliar capitalino, monseñor Gregorio Rosa Chávez, dijo que el momento es propicio para hacer memoria, recodar las causas que nos llevaron al conflicto armado y para evitar que esto vuelva a ocurrir. "Deben atacarse las causas de la guerra, sobre todo la más profunda, que es la injusticia estructural".
En su discurso central, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció su compromiso de promover el diálogo que permita la aprobación de una ley de reconciliación y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
"Nuestro gobierno tiene una especial sensibilidad con este tema y considera como paso necesario en nuestro proceso de reconciliación que dignifiquemos a las personas que sufrieron graves agravios de los aparatos del Estado durante el conflicto armado, y con cuales aún tenemos deudas", manifestó.