PROCESO CONTRA LÍDER OPOSITOR

Senado de Chile rechaza condena a Leopoldo López y pide garantizar estado de derecho

Los senadores solicitaron en un pronunciamiento que la OEA ejerza sus buenos oficios para que Leopoldo López, Antonio Ledezma, Lorent Gomez Saleh, Gabriel Valles y Ronny Navarro sean puestos en libertad.

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Las autoridades acusan a López de promover los hechos violentos ocurridos en febrero de 2014 en el centro de Caracas que dejaron tres fallecidos. Las autoridades acusan a López de promover los hechos violentos ocurridos en febrero de 2014 en el centro de Caracas que dejaron tres fallecidos.
Las autoridades acusan a López de promover los hechos violentos ocurridos en febrero de 2014 en el centro de Caracas que dejaron tres fallecidos. AP/Alejandro Cegarra

El Senado de Chile aprobó hoy, 15 de septiembre de 2015, un proyecto de acuerdo en el que manifiestan su rechazo al proceso y a la  sentencia de 13 años, meses, 7 días y 12 horas de prisión, en contra líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, al considerar que se vulneraron las garantías del debido proceso, por cuanto que lo responsabilizaron de hechos "cuyos autores no han sido identificados".

Los senadores tomaron su decisión basados en que la sentencia, pronunciada un año y 7 meses después de su aprehensión ha sido cuestionada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos, quien, manifestó su preocupación la condena y dura sentencia impuesta, así como por la información que alude a que no tuvo un juicio justo, entre otras argumentos.

También consideraron que los mandatarios de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) aprobaron una cláusula democrática que impone sanciones a cualquier estado miembro "que quiebre o intente quebrar la democracia", y que en este juicio se puede "observar la existencia de una errada valoración de la prueba, la falta de transparencia en la sustanciación del juicio y la escasa publicidad ante la opinión pública de los fundamentos de las imputaciones contra el líder opositor".

Asimismo, los senadores aprobaron su rechazar la respuesta oficial dada por el gobierno de Venezuela tras el pronunciamiento realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, el pasado 12 de septiembre, en el que expresaron, entre otras cosas, que esperaban que Venezuela  "observe las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia. Todo ello en consonancia con el pleno respeto de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos y consagrados en diversos tratados internacionales que obligan a nuestros Estados".

El acuerdo señala que "por ninguna circunstancia [ese comunicado] ha intentado inmiscuirse en asuntos internos de ese país, por el contrario solo se refiere a una expresión respetuosa sobre derechos humanos y garantías fundamentales"

En el acuerdo, disponible en el sitio web del Senado, también solicitan a la Organización de Estados Americanos que "ejerza sus buenos oficios con el objeto que los ciudadanos Leopoldo López, Antonio Ledezma, Lorent Gomez Saleh, Gabriel Valles y Ronny Navarro sean puestos en libertad". Asimismo, solicitan a la "Unión Interparlamentaria que pida al Gobierno de Venezuela el ingreso de observadores independientes al proceso eleccionario que se llevara a efecto el seis de diciembre del presente año, a fin de velar por su total transparencia y legalidad".

La iniciativa fue presentada por 26 senadores, entre ellos, Isabel Allende Francisco Chahuán, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, uno de los que recibió el 14 de abril pasado a la esposa del opositor, Lilian Tintori, y Mitzy Capriles de Ledezma -esposa del alcalde mayor de Caracas, en prisión, Antonio Ledezma-, quien presentaron sus testimonios sobre la situación del país y los casos de sus esposos. 

El pronunciamiento aprobado por el Senado también señala que es necesario garantizar el Estado de Derecho, en especial lo concerniente a la debida separación de los poderes del Estado, y las normas referidas al debido proceso, las cuales son de carácter universal y constituyen uno de los fundamentos de toda democracia moderna.

En declaraciones ofrecidas por Chahuán, disponibles en el sitio web del Senado, este afirma que le han pedido a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que medie en el caso de López y los estudiantes, tal como lo hizo en 1974 cuando era gobernador de Caracas, Diego Arrea -exembajador de Venezuela ante la ONU-, quien intervino para los efectos de poder resolver la situación de Orlando Letelier.

"Le pedimos que haga lo propio respecto a Leopoldo López y los cuatro dirigentes estudiantiles. El respeto a los derechos humanos y el debido proceso debe ser la piedra angular de nuestras relaciones exteriores", indicó.

Chahuán manifestó que junto al diputado Jorge Tarud le manifestaron al canciller Heraldo Muñoz la inconveniencia de una eventual designación de Susana Barreiros -la jueza que condenó a Leopoldo López- como cónsul de Venezuela en Chile, pues se trataría de un premio del Gobierno de Maduro para una alguen que, según suo parecer, "ha vulnerado las garantías del debido proceso”. 

“La eventualidad de ese nombramiento tendrá en nuestro país un rechazo transversal, pues creemos que en Venezuela se están vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso y las libertades públicas”, advirtió.

Sobre la posibilidad de que Barreiros sea nombrada en Chile también se expresó  Daniel Farcas, diputado y uno de los representantes más importante del oficialismo en la defensa de los derechos humanos. En declaraciones a NTN24 argumentó que les parece "inaceptable y la verdad no podemos entender que a alguien se le haya pasado por la cabeza la posibilidad de nombrar a una persona que está vinculada a la violación de DD.HH. Aquí hay un juicio que no demostró claramente la culpabilidad del señor López, que más aún es un show mediático inspirado en secuestrar aún más la democracia venezolana y por lo tanto nos parece inaceptable y falto de todo rigor y profesionalismo y raya realmente en la incongruencia más absoluta en las relaciones exteriores de Venezuela".

En conversación con la televisora, el canciller chileno  Heraldo Muñoz declaró que mientras no haya una nota o se haga la comunicación correspondiente no se puede pronunciar por algo que es hipotético. 

Por su lado, el senador Jorge Pizarro cuestionó fuertemente la situación de Venezuela. "Lamentablemente, el régimen de Maduro, de autoritario está pasando rápidamente a ser dictadura. Y en el caso de Leopoldo López lo que se hace ahí es un acto de abuso político, de matonaje político hacia un liderazgo democrático de oposición", remarcó.

Senador chileno Jorge Pizarro Expandir Imagen
Senador chileno Jorge Pizarro Tomado de senado.cl

Y agregó: "Nadie lo puede justificar, no es presentable ante el derecho internacional ni en ninguna sociedad libre donde se respeten mínimamente los derechos de las personas. Nosotros, como país y como gobierno y como partido siempre hemos estado por el respeto de la autodeterminación de los pueblos pero con la garantía de los derechos de las personas a organizarse y por la vigencia de los sistemas democráticos. Lamentablemente, Venezuela, un país hermano que queremos mucho, va por muy mal camino", adujo. 

El acuerdo aprobado por el Senado se produce en medios de las tensiones producto del pronunciamiento de la Cancillería chilena por el caso de López. Ayer, tras los señalamientos de Venezuela, el Ministerio emitió un nuevo comunicado, en el que señaló haber tomado nota del Comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y respondió: "Chile, soberanamente, reafirma que bajo ningún concepto puede considerarse como una intervención en los asuntos internos una expresión respetuosa sobre los derechos humanos y garantías fundamentales en otro país. Universalmente se reconoce y valora como una conquista de la humanidad la protección de las libertades básicas como un deber de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Internacional. Chile, desde que su pueblo derrotara a la dictadura, ha recibido pronunciamientos tanto de gobiernos extranjeros como de órganos de tratados sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y jamás los ha considerado una injerencia en asuntos internos".

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