La oposición venezolana y los simpatizantes del presidente Nicolás Maduro volvieron este sábado 20 de mayo a las calles, en un tenso pulso marcado por casi dos meses consecutivos de violentas protestas que dejaron 48 muertos, en su mayoría jóvenes.
“Vamos a mostrar gente y fuerza (...) porque es una forma de recordarle al gobierno que tras 50 días de resistencia, muertos y presos, somos más y no nos vamos a rendir”, aseguró en una asamblea ciudadana Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora.
Los adversarios de Maduro confían en que esta nueva marcha en la principal autopista de Caracas supere la del 19 de abril, la más multitudinaria de esta oleada que en siete semanas también ha dejado cientos de heridos y unos 2 mil 200 detenidos.
Según la ONG Foro Penal, al menos 161 personas han sido encarceladas por orden de tribunales militares. Del otro lado, Maduro recibirá en el Palacio presidencial de Miraflores a los trabajadores del sector alimentación que marcharán desde el centro de Caracas en respaldo a la Asamblea Constituyente “popular”, convocada recientemente por el mandatario.
El país está completamente dividido y casi paralizado, en medio de un colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI escalará a 720% este año. Un cóctel que se complementa con altos índices de criminalidad.
Los opositores denuncian una “salvaje represión” del gobierno, que a su vez los acusa de apelar al “terrorismo” para asestarle un golpe de Estado con financiación de Estados Unidos.
En los últimos días se multiplicaron las muertes por heridas de bala en hechos vinculados con las protestas, por lo cual la Fiscalía investiga a varios policías y militares.
Algunos de esos hechos se han presentado en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), hacia donde Maduro ordenó esta semana el envío de 2 mil 600 militares tras disturbios y saqueos.
Las protestas tomaron combustible con la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente “popular”, en la cual la mitad de sus integrantes serían elegidos en sectores controlados por el chavismo.