La oposición venezolana y el Foro Penal condenaron el juzgamiento de decenas de civiles en tribunales militares, que denuncian como una maniobra del presidente Nicolás Maduro para desactivar protestas en su contra que dejan 38 muertos en 40 días.
La medida viene a echar sal a la herida en momentos de alta crispación por la convocatoria del mandatario a una Asamblea Constituyente, que ha intensificado las marchas con las que la oposición exige su salida del poder.
Maduro, quien aún no se pronuncia sobre los tribunales castrenses, encabezará esta tarde un acto ante miles de seguidores que se concentran en las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, en apoyo a la Constituyente.
Al mismo tiempo, el Parlamento, único poder controlado por la oposición, aprobará un acuerdo que condena esos juicios contra detenidos en el marco del Plan Zamora, un operativo de seguridad que echó a andar Nicolás Maduro cuando iniciaron las protestas.
"La Constitución es clara, la jurisdicción militar no es para civiles, llevar allí a manifestantes es violar los derechos humanos", dijo el jefe legislativo, Julio Borges, al dirigir un mensaje al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, Jesús Suárez, precisó que de 780 detenidos, 251 fueron puestos a órdenes de tribunales militares acusados de "ataque al centinela y asociación para la rebelión".
Unos 70 fueron encarcelados por orden de los tribunales castrenses instalados en el estado Carabobo (centro-norte), precisó el abogado Tony Marval, mientras la ONG de derechos humanos Foro Penal registra otros 11 presos en Caracas y en el estado de Lara.
El constitucionalista José Vicente Haro aseguró que la medida viola el artículo 261 de la Constitución, según el cual la competencia de esas cortes "se limita a delitos de naturaleza militar".
Las audiencias comenzaron el pasado viernes en un destacamento de Valencia (capital de Carabobo), pero luego se trasladaron a un barrio de esa ciudad, donde ocurrieron entre el 2 y 4 de mayo protestas contra Maduro y saqueos a más de un centenar de negocios.
"Se está violando el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por sus pares, de naturaleza civil, y el debido proceso. Es una forma de perseguir la disidencia y paralizar las protestas", declaró telefónicamente Malvar a la AFP, tras salir de una audiencia.
Los enjuiciados enfrentan cargos de instigación a la rebelión y vilipendio, aun cuando muchos fueron detenidos por robo, denunció el abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal, que asesora a los detenidos.
Marval precisó que los encarcelados están siendo llevados a la cárcel del estado Guárico, a unos 110 km de Valencia, y añadió que otros 11 civiles comparecerán en la tarde.
Según grupos de derechos humanos, el gobierno está aplicando esa medida porque la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, ha denunciado arrestos arbitrarios en el marco de las protestas opositoras y se niega a imputar a esas personas.
La medida fue duramente criticada el lunes por el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, quien afirmó que ello "vulnera todos los principios básicos de democracia y Derechos Humanos".
El vicepresidente Tarek El Aissami anunció este martes que la Operación Zamora desarticuló "células de insurgencia armada" que vinculó con la oposición y particularmente con Borges.