El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) criticó hoy, miércoles 21 de octubre de 2015, la inhabilitación de varios congresistas de la oposición venezolana y su persecución penal, especialmente la de la diputada María Corina Machado.
"El Comité está preocupado de que la Asamblea Nacional, en lugar de las autoridades judiciales, tomaron la iniciativa, al menos en los casos de [Richard] Mardo y Machado, de procesar con cargos penales a los miembros de la oposición, dando así argumentos a la alegación de que los cargos está motivados políticamente en lugar de legalmente", indica la decisión del Comité.
La inhabilitación le fue comunicada a Machado el pasado 14 de julio, fecha en la que le entregaron la nota de la Contraloría General de la República, en la que se le notificaba que está inhabilitada por 12 meses para ejercer cargos públicos, presuntamente por no haber reportado un bono de alimentación que habría cobrado cuando ocupaba su curul en la Asamblea Nacional –de donde el régimen la destituyó en 2014-.
Con relación al caso de Machacho, los parlamentarios expresan "su profunda preocupación por lo que parece un patrón de acoso legal".
Los congresistas indican que el proceso de inhabilitación se hizo sin ninguna base legal y sin seguir el debido proceso y que "las recientes decisiones de impedirle presentarse a las próximas elecciones es igual de frívolo".
Asimismo, el Comité muestra su preocupación por la investigación criminal contra Machado y "las discrepancias entre la versión de las autoridades y la demandante con respecto a los hechos para sustentar esa investigación".
De hecho, el Comité señala que no entiende de qué exactamente se le acusa, por lo que pide a las autoridades que le explique esos cargos.
En su nota el Comité también se refiere al caso de los diputados Biagio Pilieri, José Sánchez Montiel, Hernán Claret Alemán, Richard Blanco Cabrear, Richard Mardo, Gustavo Marcano, Julio Borges, Juan Carlos Caldera, Nora Bracho, Ismael García, Eduardo Gómez Sigala, Wlliam Dávila, y Mará Mercedes Aranguren.
El Comité "espera" que la nueva Cámara que surja de las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela no actúe de la misma forma. "Sinceramente esperamos que la nueva Asamblea Nacional y las autoridades parlamentarias abordarán estos casos de otra manera y dejarán cualquier proceso criminal contra un parlamentario en las manos de la Fiscalía y las Cortes Judiciales", indicó.
El Comité insta a la nueva Asamblea venezolana a que respete el principio de inmunidad parlamentaria y recuerda que ha intentado en vano en diversas ocasiones lograr su consentimiento para visitar el país, por lo que urge a las autoridades a reconsiderar su posición e invitar cuanto antes a los representantes de la UIP.
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