Un tribunal de apelaciones uruguayo rechazó el pedido de acceso a información que una oenegé realizó al Ministerio del Interior sobre "El Guardián", un sistema de vigilancia de celulares, correos y redes sociales que compró a una empresa brasileña para su uso en la lucha contra la delincuencia.
El fallo fue confirmado tanto por el Ministerio de Interior, a través de un comunicado en su web como por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), que había solicitado la información.
"A juicio del tribunal, la sentencia apelada no vulnera el derecho de acceso a la información que postula la parte actora y por ello correctamente desestimó la demanda", reza la sentencia, difundida por el Ministerio.
En octubre pasado, cuando se efectuó la compra del sistema por dos millones de dólares, Cainfo pidió información al Ministerio sobre el protocolo dirigido a las empresas de telecomunicaciones de cara a la implementación de "El Guardián", y no obtuvo respuesta, de ahí que recurriera a la justicia. Así, esa petición había recibido un fallo contrario en primera instancia, pero Cainfo apeló.
El fallo matiza que "parece obvio que el secreto de la operación de adquisición del sistema operativo Guardián, avalado por el Tribunal de Cuentas, radica no solamente en la compra en sí misma (que, incidentalmente, no fue oculta) sino que también alcanza a las características técnicas del producto adquirido". Para ello esgrime "razones de seguridad y protección de los derechos de todos los habitantes que se busca tutelar mediante la prevención y represión de ilícitos, a través del empleo de instrumentos como el adquirido". "Un instrumento para el combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades podría frustrar el empleo en esa tarea, dejándola librada a la actividad de hackers y/o personas que ilegítimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional", continúa el texto difundido por el ministerio.
En un comunicado emitido por Cainfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) expresan su "preocupación por cuanto se confirma el rechazo a la demanda y con ello a la posibilidad de que el protocolo solicitado tome estado público" y añaden que analizarán "todas las alternativas posibles para darle continuidad a este reclamo".
"La información que solicitamos tiene que estar en poder del público y todos los ciudadanos tienen que poder saber cuáles son las garantías específicas para el tratamiento, la custodia, la conservación, la destrucción de la información", explicó la abogada y directora ejecutiva del Cainfo, Tania Da Rosa.
El Ministerio del Interior de Uruguay aseguró el pasado 12 de marzo que este sistema está dotado de las "máximas garantías" y que con el mismo solo se harán interceptaciones autorizadas por la Justicia.
"El Guardián" permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.
Desde su fundación en 2009, Cainfo se dedica a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana.