CONDENA A LEOPOLDO LÓPEZ

Venezuela pide a Chile no meterse en sus asuntos internos

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dice a su par chileno que la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional Público, en relación a su pronunciamiento tras la condena del opositor venezolano.

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El comunicado de Venezuela fue divulgado hoy a través de su sitio web. El comunicado de Venezuela fue divulgado hoy a través de su sitio web.
El comunicado de Venezuela fue divulgado hoy a través de su sitio web. Captura de pantalla

"El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile en la oportunidad de rechazar el comunicado de fecha 12 de septiembre de 2015, mediante el cual se emiten juicios de carácter injerencistas en los asuntos internos de un Estado de Derecho democrático, soberano e independiente, como la República Bolivariana de Venezuela". Así empieza un comunicado divulgado hoy, en el que el Gobierno rechaza un pronunciamiento relativo a la condena a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión emitida contra el líder opositor Leopoldo López el pasado jueves 10 de septiembre.

El pronunciamiento de Venezuela, divulgado a través del sitio web de la Cancillería, afirma además que "resulta necesario recordarle a la Cancillería chilena que la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional Público. En ese sentido, cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo. Para la República Bolivariana de Venezuela es norma fundamental abstenerse de pronunciarse sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano".

López, de 44 años, debió enfrentar el juicio desde la cárcel militar de Ramo Verde a donde fue llevado el 18 de febrero del 2014 tras ser señalado de promover unas violentas protestas en Caracas que ocurrieron seis días antes de su detención. Expandir Imagen
López, de 44 años, debió enfrentar el juicio desde la cárcel militar de Ramo Verde a donde fue llevado el 18 de febrero del 2014 tras ser señalado de promover unas violentas protestas en Caracas que ocurrieron seis días antes de su detención. AFP

La Cancillería reacciona a una nota de prensa del Gobierno de Chile en la que expresa, entre otras cosas: "Hemos seguido con atención la situación que afecta al Sr. Leopoldo López y cuatro dirigentes estudiantiles y, ahora, la resolución condenatoria impuesta en primera instancia contra ellos por los Tribunales de Justicia. Reconocemos y respetamos las facultades que tienen los Tribunales de Justicia de un Estado soberano. A la vez, esperamos se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia. Todo ello en consonancia con el pleno respeto de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos y consagrados en diversos tratados internacionales que obligan a nuestros Estados".

Según el Gobierno de Venezuela, "sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales emitir opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo mapuche; o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista". Asimismo, alega que "igualmente sería impensable emitir juicios sobre la privatización de la educación en Chile, que vulnera Derechos Humanos de mayorías que no acceden a la educación; o emitir pronunciamientos sobre la vigencia en pleno siglo XXI de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Venezuela jamás ha emitido ni emitirá opiniones sobre estos graves asuntos que vive Chile".

Por último, el Ministerio de Exteriores hace un "nuevo llamado" a su similar chileno "para que en el ánimo de mantener relaciones de respeto mutuo, evite inmiscuirse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por acción directa o por influencia de potencias externas".

Chile es uno de dos países de la región cuyas oficinas de relaciones exteriores emitieron un manifiesto tras la condena de López. También lo hizo Perú, cuya Cancillería emitió un comunicado de un párrafo en el que señaló: "En relación a la sentencia en el caso de Leopoldo López y otros cuatro ciudadanos venezolanos, el Gobierno del Perú desea manifestar su preocupación por la situación de polarización interna que afecta a la hermana República Bolivariana de Venezuela, y hace un llamado para que prime el diálogo, exhortando a las diferentes fuerzas políticas a mantener la paz y la tranquilidad en los actuales momentos. Ello reviste especial significación en la perspectiva de las elecciones legislativas ya convocadas para el mes de diciembre".

El único presidente de la región que se ha manifestado públicamente sobre esta condena ha sido el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien el 11 de septiembre indicó que: "Me parece que es una muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar a ciudadanos por sus opiniones políticas".

Solís dijo ser respetuoso de las decisiones de tribunales extranjeros, no obstante, comparó la situación de López con lo vivido, en su momento, por los expresidentes Nelson Mandela (Sudáfrica) y José Mujica (Uruguay), quienes permanecieron en la cárcel 27 y 14 años, respectivamente. También expresó que condenas como la del opositor "no resuelven los problemas de un país, más bien lanzan cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial", reportó el diario costarricense La Nación.

Leopoldo López se entregó a las autoridades de su país -que habían emitido orden de captura en su contra- el 18 de febrero de 2014 y desde esa fecha se encuentra recluido en una prisión militar. López fue condenado por supuestamente instigar a actos de violencia tras las protestas antigubernamentales suscitadas tras una multitudinaria marcha realizada el 12 de febrero y tras la cual se produjeron enfrentamientos que se saldaron con tres muertos y centenares de detenidos. 

Las protestas se mantuvieron por espacio de cuatro meses dejando en total 43 muertos, además de “más de 200 casos de tortura, 3 mil 417 detenciones arbitrarias, persecuciones y exiliados, censuras en los medios de comunicación, cierres de radios y canales de televisión", denunció la esposa del dirigente encarcelado Lilian Tintori.

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