El ministro de la Defensa de Venezuela rechazó el jueves el pronunciamiento de la Fiscalía General, que responsabilizó a un guardia nacional de la muerte de un manifestante, y afirmó que esa acción busca golpear el liderazgo de los militares, quienes en medio de la crisis política se han convertido en uno de los principales soportes del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El general en jefe Vladimir Padrino López salió en defensa de la fuerza armada tras la declaración que realizó la víspera la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que reveló que el universitario Juan Pernalete falleció a consecuencia de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional que le golpeó en el pecho, y desmintió la versión del gobierno, que sostenía que el joven fue asesinado por otro manifestante opositor con una pistola de perno.
Pernalete, de 20 años, murió el 27 de abril tras resultar herido durante una manifestación en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, al este de la capital.
"Esta hipótesis no solo afecta el espíritu de cuerpo de nuestros efectivos, sino que podría además instigar a la violencia contra ellos y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar grupos de derecha", dijo Padrino López en un comunicado al objetar el pronunciamiento de Ortega Díaz sobre el caso del universitario asesinado.
El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno han defendido la actuación de las fuerzas de seguridad durante los dos meses de protesta, mientras que algunas organizaciones humanitarias y de opositores han acusado a la policía y a la guardia nacional de excederse en sus actuaciones y violar las leyes.
Por otra parte, el ministro defendió los procesos que iniciaron tribunales militares contra civiles detenidos y sostuvo que la legislación militar establece que cualquiera puede ser juzgado por cometer los delitos de "ultraje al centinela y a la fuerza armada".
La fiscal dio la víspera un nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al criticar la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas y que los civiles sean procesados por tribunales militares.
El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido de arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las manifestaciones que se iniciaron a finales de marzo y que han dejado al menos 57 muertos, mil heridos, 284 detenidos.
Ortega Díaz admitió que más de 500 personas resultaron heridas por la acción de las fuerzas de seguridad.