Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física, la censura y el hostigamiento judicial se han agravado en el último semestre en Venezuela, denunció Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional, durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la ciudad de Antigua, Guatemala.
Otero presentó un informe ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en el que hizo un recuento de la arremetida estatal a los medios de comunicación venezolanos y corresponsales extranjeros, en los últimos seis meses.
“Se ha convertido en práctica recurrente el desalojar a periodistas de calles y avenidas donde ocurren las protestas, para impedir que tanto la información de las demandas ciudadanas como las acciones represivas que ejecutan los llamados cuerpos de seguridad del Estado. En 2016 se produjeron 123 hechos de intimidación”, señala el documento.
Las amenazas, agresiones e intimidaciones a periodistas nacionales y extranjeros se extiende a los propietarios, directivos, consejos editoriales y proveedores. “En solo dos meses se impidió el trabajo de 17 periodistas extranjeros. Esto incluye la expulsión de CNN en Español que comenzó a transmitir por internet”.
El 15 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a los cableoperadores y otros servicios de televisión por suscripción eliminar las transmisiones de CNN en Español. La decisión –según el informe que leyó Otero- fue tomada por la molestia del gobierno por la difusión de la investigación Pasaporte en la sombra, sobre una red de venta de pasaportes a la que estarían ligados el vicepresidente Tareck El Aissami y la canciller Delcy Rodríguez.
Igualmente, se ha agudizado la escasez del papel periódico, lo que ha obligado a los medios independientes a hacer ajustes en su circulación e impresión. En los últimos tres años, siete diarios han suspendido de forma indefinida su publicación, por falta de papel.
El acoso también se ha trasladado a otras plataformas. El 27 de noviembre de 2016, el presidente de Conatel, Andrés Eloy Méndez, mencionó que se realiza un estudio de derecho comparado “para regular el uso de internet y las nuevas tecnologías”.
Adicional, el gobierno de Nicolás Maduro ha contratado especialistas de distintas partes del mundo para silenciar el flujo de noticias y opiniones atacando los servidores y bloqueando el acceso a través de las plataformas de internet nacional.
El informe también incluye el caso del chileno venezolano Braulio Jatar, director del portal de noticias Reporte Confidencial, medio crítico a la gestión de Maduro. Jatar está detenido desde el año pasado, por un supuesto delito de “legitimación de capitales”. La única prueba en su contra fue un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en el que se le acusa de “terrorista” y “traidor a la patria”.
