La promesa del presidente de Perú, Francisco Sagasti, de suavizar los lazos con el Congreso se ve afectada solo dos días antes de que su gabinete se enfrente a un voto de confianza inaugural.
Su ministro del Interior, Rubén Vargas, renunció el miércoles tras las críticas de los legisladores por una purga de altos funcionarios de la policía.
Horas después, el Congreso aprobó una ley que autoriza a los contribuyentes a recibir pagos del fondo de jubilación estatal, a pesar de las advertencias del Gobierno de que la medida es inconstitucional.
Los acontecimientos ponen de relieve los desafíos para Sagasti, que busca restaurar la calma a raíz de la agitación política que le dio al país tres presidentes el mes pasado.
La jefa de gabinete, Violeta Bermúdez, y su gabinete presentarán los planes del Gobierno interino a los legisladores el jueves, antes de buscar un voto de confianza el viernes. Si perdieran la votación, Sagasti tendría que nombrar un nuevo gabinete.
Días después de asumir el cargo el mes pasado, el Gobierno despidió al jefe de la fuerza policial y a más de una docena de generales de policía de alto rango por la represión de las protestas callejeras del 14 de noviembre en Lima, durante las cuales murieron dos estudiantes universitarios.
Vargas, quien renunció después de menos de dos semanas en el cargo, dijo que la reacción causada por la sacudida y los planes para combatir la corrupción policial representan una amenaza para el Gobierno.
Más tarde el miércoles, los legisladores votaron para promulgar el pago del fondo estatal de jubilación, conocido como ONP, lo que cuesta al gobierno un estimado de 15 mil millones de soles (4 mil 200 millones de dólares) en un momento en que el déficit presupuestario se dispara.
Tribunal superior
Sagasti ha dicho que el Gobierno solicitará al tribunal superior del país que declare el proyecto de ley inconstitucional. La Constitución de Perú prohíbe a los legisladores redactar medidas de gasto público.
“Solo hay demandas en torno al ONP, pero un grupo de legisladores, con un cálculo electoral evidente, está tratando de engañar a los jubilados, robando al Tesoro, que se financia con el dinero de todos los peruanos”, dijo la exministra de Finanzas, María Antonieta Alva, a través de Twitter
Los legisladores dicen que la ley es necesaria para ayudar a los trabajadores durante la crisis económica provocada por las estrictas medidas de cierre.
El Gobierno también se enfrenta a nuevos disturbios sociales. Los trabajadores agrícolas bloquearon secciones de la carretera Panamericana al sur de Lima por tercer día para exigir mejores condiciones de trabajo. Mientras tanto, una protesta comunitaria está bloqueando una carretera cerca de la mina de cobre gigante Las Bambas en la región andina de Apurímac.