Valter Lavítola y el ex director comercial del conglomerado italiano Finmeccanica, Paolo Pozzessere, debían sentarse este jueves 21 de abril en el banquillo de los acusados del tribunal de Roma para responder por las imputaciones en su contra de corrupción internacional.
Sin embargo, el proceso fue aplazado para el próximo 7 de octubre por un error formal que ha impedido la autorización necesaria para que Lavítola -actualmente en arresto domiciliario- estuviera presente en la sede judicial. La juez Adele Rando ha dispuesto que el reo acuda con sus propios medios y no conducido por las fuerzas policiales en la próxima audiencia.
En este juicio, que comenzó hace casi dos años, el fiscal Paolo Ielo les acusa de haber intentado desviar unos $25 millones en supuestas coimas que, según las diligencias judiciales, iban destinadas al entorno del ex presidente Ricardo Martinelli. El ex jefe de Estado contrató a un abogado en Italia, pero todavía no ha hecho acto de presencia en el tribunal.
Este jueves era el turno de los testigos a favor de la defensa de Pozzessere: el capitán Ferdinando de Lolli, que representó al Gobierno italiano en Panamá y estuvo reunido con el entonces presidente Martinelli, y el ingeniero Giulio Zeccarini del departamento de ventas de Selex, filial de Finmeccanica. Su deposición será pospuesta hasta la siguiente cita judicial prevista para octubre.
Este mes se han cumplido cuatro años desde Lavítola fuera detenido en el aeropuerto de Roma Fiumicino proveniente de Buenos Aires, donde se mantuvo prófugo de la justicia. El Colegio de Jueces del Tribunal de la Libertad, órgano competente en Italia en las ordenanzas jurídicas coercitivas, le concedió hace dos meses la medida de arresto domiciliario. Su situación judicial depende directamente de la Corte de Apelación de Nápoles, base de las investigaciones de los casos de corrupción internacional en Panamá. De momento, Lavítola acumula dos sentencias no revocables, una de ellas relacionada con un caso de corrupción internacional en Panamá. Los jueces condenaron a Lavítola a 11 meses de cárcel al haber intentado desviar hasta $22 millones en coimas de la construcción frustrada del hospital pediátrico de Veraguas.
La deposición de Lavítola ante los jueces en el caso Finmeccanica complicó su situación ya que admitió que se había encargado de abrir una cuenta bancaria en Bulgaria- ligada a Agafia - para que Martinelli no tuviera que pagar el 30% en concepto de impuestos en Panamá.
La fiscalía sostiene que Agafia Corp. se fundó para recibir una coima de $25 millones provenientes del contrato con Finmeccanica.