El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este miércoles en su primer discurso ante el Congreso a que el Legislativo apruebe este año una normativa que otorgue protección a los “soñadores”, jóvenes indocumentados llegados al país siendo menores.
En el discurso el mandatario demócrata -que busca marcar una diferencia con respecto a la dura política migratoria adoptada por su predecesor, Donald Trump- también llamó a dar protección a los migrantes beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para personas originarias de países que sufren catástrofes naturales o violencia política.
Biden dio un giro con respecto a la política de Trump desde su primer día en el gobierno, el 20 de enero, y auspicia una reforma apoyada por los demócratas para dar una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.
“Vamos a terminar esta agotadora guerra sobre la inmigración. Los políticos han hablado sobre reforma migratoria y no hemos hecho nada. Ahora es hora de arreglarlo”, afirmó Biden que cuenta con una magra mayoría en ambas cámaras que requiere el apoyo de políticos republicanos para tramitar muchas iniciativas.
En su primer mensaje al Congreso también destacó que si se quiere abordar el problema de raíz se debe mirar a por qué las personas huyen de El Salvador, Honduras y Guatemala y llegan a la frontera, escapando de la violencia y los desastres naturales como huracanes y erupciones.
Biden encomendó a la vicepresidenta Kamala Harris atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte centraoamericano a la frontera, que los republicanos denuncian como una “crisis”.
El martes Harris, que prevé viajar a Guatemala en junio para tratar el tema, indicó que el gobierno busca “una estrategia integral” para abordar los “factores agudos” que hacen que la gente deje sus hogares como la violencia, la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, el impacto del cambio climático.
El presidente también instó al Senado a que apruebe una reforma de la policía para el aniversario de la muerte de George Floyd, el estadounidense negro que murió a manos de un agente blanco que lo asfixió el pasado 25 de mayo.
“Necesitamos trabajar juntos para encontrar consenso. Hagámoslo el próximo mes, para el primer aniversario de la muerte de George Floyd”, dijo Biden, que destacó que esta es una oportunidad real de lograr progresos, un poco más de una semana después de que el expolicía Derek Chauvin fuera condenado por asesinato por el incidente que desató protestas no vistas en décadas.
Que los ricos paguen más
Para impulsar la competitividad de Estados Unidos y regenerar su clase media, Biden propuso un nuevo y masivo plan de gasto en ayudas para las familias y la educación, que quiere financiar haciendo que los ricos paguen “su cuota justa”.
Este “Plan para las Familias Estadounidenses” representa inversiones de 1,8 billones de dólares en 10 años, y se suma al plan de infraestructuras de 2 billones de dólares ya promovido por el presidente demócrata y que aún está lejos de ser aprobado por el Congreso.
También sucede al paquete de ayuda ante la pandemia de la Covid-19, de 1.9 billones de dólares, que ya ha permitido la entrega de cheques de 1,400 dólares a las familias estadounidenses.
“Estamos compitiendo con China y otros países para ganar el siglo XXI. Tenemos que hacer algo más que reconstruir, tenemos que construir mejor”, dijo Biden en su primer discurso ante el Congreso, haciendo un llamamiento a “comprar americano”.
“Para ganar esta competición, debemos realizar las inversiones de una generación en nuestras familias”, continuó el presidente.
Para financiar fiscalmente ese gasto, una de las medidas estrella del plan revierte lo otorgado a las clases más ricas por las reformas fiscales de 2017 de Donald Trump.
“Es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses paguen su cuota justa”, dijo el presidente.
Según la propuesta de Biden, el tipo impositivo máximo para las personas físicas pasaría del 37% al 39.6%, pero sólo afectaría al 1% de los hogares más ricos.
Lo mismo ocurriría con las ganancias de capital, como las operaciones bursátiles, que hasta el momento disfrutan de un tipo impositivo del 20% y que ahora podrían tributar también al 39.6% para quienes ganen más de un millón de dólares al año. Estos estadounidenses más ricos representan sólo el 0.3% de los contribuyentes, según el gobierno de Biden.
Se espera que las medidas generen 700,000 millones de dólares de financiación a lo largo de 10 años, según el Tesoro.
El plan también contempla la modernización de la agencia tributaria con inversiones de 80,000 millones de dólares, después de que el Tesoro apuntara al 1% de los más ricos que no declara al fisco alrededor del 20% de sus ingresos. Esto representa un déficit de ingresos fiscales de 175,000 millones de dólares, según la administración.
“A los críticos les preocupa que el aumento de los impuestos sobre las ganancias financieras reduzca el rendimiento de los inversores y provoque la caída de los precios de las acciones, pero los inversores particulares sólo poseen en realidad un tercio de las acciones” en el mercado, dijo el instituto de investigación Tax Policy Center.
En opinión de un analista del mercado, Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, los aumentos fiscales propuestos sobre las ganancias financieras ya han sido descontados por el mercado. “No creo que haga descarrilar el mercado o el sentimiento de los inversores”, dijo.
La administración Biden quiere reinvertir estos ingresos en la clase media.
El plan se centra en la educación, desde el jardín de infancia hasta la universidad. De aprobarse, proporcionaría matrícula gratuita para los dos primeros años de jardín de infancia y también para dos años de estudios en universidades comunitarias.
Según la administración, la escolarización desde el jardín de infancia acabaría aportando al PIB del país tres veces más de lo que cuesta.
El proyecto también propone aumentar los créditos fiscales para las familias con hijos y subvencionar el coste de las guarderías, en función de los ingresos.
Los republicanos se oponen a este gasto, que también preocupa a los partidarios de la ortodoxia presupuestaria: “El Congreso debería seguir el ejemplo del presidente”, reconoce el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización centrista.
