El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó este domingo la intervención federal en el área de la seguridad de Brasilia, tras el caos provocado por miles de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro.
Lula nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al presidente.
Con la intervención, los órganos de Policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, que a su vez solo responde ante Lula.
El interventor tendrá poderes para requerir fondos y bienes a disposición del Gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para desempeñar sus funciones, según un decreto leído por Lula.
En una declaración a la prensa, Lula dijo que quien debería haber estado a cargo de la seguridad en Brasilia “no hizo” sus funciones.
El mandatario también criticó duramente a los “fascistas” que invadieron las sedes de los tres poderes y causaron destrozos en los edificios.
Agregó que los radicales han sido “estimulados” por el exgobernante y que “pagarán con la fuerza de la ley” por los disturbios provocados, así como aquellos que los han financiados.
Lula se encontraba este domingo en Araraquara, en el interior del estado de Sao Paulo, para conocer los daños provocados por las fuertes lluvias de los últimos días en la región
INVASIÓN
Seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el presidente Lula da Silva.
Los ventanales de la sede del Poder Judicial y del Congreso Nacional fueron rotos por los manifestantes, que ocuparon los edificios de los tres poderes en el país.
Patrullas de la Policía Legislativa, que vela por la seguridad en el Congreso, fueron atacadas y las barreras que acordonaban las sedes de los tres poderes fueron destruidas por los manifestantes.
Los actos antidemocráticos piden la intervención militar de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, quien asumió la Presidencia hace una semana, el 1 de enero.
Los bolsonaristas radicales no reconocen la victoria en las urnas de Lula, quien en la segunda vuelta del 30 de octubre ganó con el 50.9 % de los votos válidos frente al 49.1 % de Bolsonaro.
Las policías del Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de elite de agentes de los diferentes estados, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar, sin éxito, a los manifestantes, que portaban banderas del país y algunos estaban armados con palos.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, que desde el sábado había autorizado la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad ante la llegada a la capital brasileña de decenas de autobuses de bolsonaristas, dijo que la voluntad de los radicales “no prevalecerá”.
Inmediatamente después de la derrota en las urnas el pasado 30 de octubre, los bolsonaristas montaron campamentos frente a los cuarteles en varias ciudades brasileñas y en muchos lugares permanecen concentrados desde hace dos meses.
Los actos en Brasilia desataron otros en el país, entre ellos en Sao Paulo, donde la Avenida 23 de Maio, una de las principales carreteras urbanas de Sao Paulo, fue bloqueada por bolsonaristas impidiendo la circulación de automóviles cerca del aeropuerto de Congonhas.
