La cámara empresarial que reúne al sector del comercio de Argentina condenó este martes los “intentos de saqueo” registrados recientemente en el interior del país, sucesos que el Gobierno considera como “hechos delictivos”.
“La delicada situación económica y social que atraviesa la Argentina en modo alguno justifica que se cometan actos delictivos, más aún cuando la motivación de muchos de ellos no es la necesidad, sino la mera vocación de generar temor y desorden”, sostuvo en un comunicado la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) al expresar su “enérgico repudio” ante los hechos de violencia.
En las últimas horas se han registrado intentos de saqueo a supermercados y otros comercios, principalmente en las provincias de Mendoza (oeste) y Córdoba (centro), donde varias personas fueron detenidas.
Aunque para el Gobierno estos hechos no son una reacción social ni tienen en principio una connotación política, ocurren en un contexto de creciente pobreza debido a la aceleración de la inflación (113,4 % interanual en julio) y de tensión política tras las primarias del pasado 13 de agosto, que plantean un escenario incierto con vistas a las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Según expresó la CAC, Argentina “no puede ser rehén de pequeños grupos de inadaptados que, escudándose en el genuino malestar de amplias franjas de la población, pretenden violentar la ley y provocar caos”.
La entidad empresarial pidió a las autoridades “hacer los mayores esfuerzos a fin de que inmediatamente se ponga fin a los hechos de vandalismo y se preserve la integridad física y el patrimonio de los damnificados”.
Por su parte, el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, dijo en declaraciones a periodistas que el Gobierno cuenta desde la semana pasada con información sobre “intentos de armar a través de WhatsApp” hechos “delictivos” que el funcionario rehusó llamar “saqueos” y que, según sostuvo, tienen como fin “generar un conflicto”.
En tanto, el jefe de Gabinete de ministros de Argentina y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, confirmó que el Ejecutivo contaba desde el viernes con información sobre eventuales episodios organizados por ciudadanos con “antecedentes”.
“No vemos una reacción social, sino hechos que merecen todo el peso de la ley para ser juzgados”, sostuvo Rossi en declaraciones a radio La Red.
