Tres años de cárcel para militares que torturaron al padre de la presidenta de Chile

Dos coroneles retirados de la Fuerza Aérea de Chile torturaron en 1973 hasta la muerte al general Alberto Bachelet, padre de la hoy presidenta Michelle Bachelet.

Tres años de cárcel para militares que torturaron al padre de la presidenta de Chile
Tres años de cárcel para militares que torturaron al padre de la presidenta de Chile

Santiago. Xinhua.- Dos coroneles en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) fueron condenados hoy a tres años de prisión efectiva por haber torturado en 1973 hasta causarle la muerte al general Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet.

El magistrado Mario Carroza entregó su fallo en contra de los exoficiales de la Fuerza Aérea, Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, donde también ratificó sobreseer al general en retiro de la FACh, Fernando Matthei en la misma causa.

Tras derrocar al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar acusó al general Bachelet de "traición a la Patria" por haber colaborado con el gobierno popular al frente de Junta Nacional de Distribución de Alimentos y ordenó su reclusión en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Allí sufrió torturas y vejámenes que finalmente le causaron la muerte en 1974.

En su dictamen, el juez precisó que el general Bachelet fue detenido y enviado a la Academia de Guerra de la FACh, donde fue sometido a "tratos crueles inhumanos y degradantes por oficiales de la institución que se desempeñaban en dicho lugar como interrogadores". La Agrupación de Ejecutados Políticos y el gobierno de Chile fueron partes querellantes en este caso.

Durante más de 40 años, Michelle Bachelet y su madre, Angela Jeria, habían insistido en que la justicia condenara a los autores de la muerte de su padre y esposo, respectivamente.

La condena se basa en el artículo 150 del Código Penal, que establece penas para "todo empleado público que aplicare a una persona detenida tormentos o apremios ilegítimos, sean ellos físicos o mentales". A los dos exuniformados se les considera "empleados públicos", al ser los imputados como miembros de las Fuerzas Armadas. 

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