El gobierno chileno anunció este sábado la construcción de una nueva zanja en la frontera con Bolivia, cerca de la localidad de Colchane (norte) para controlar la migración irregular desatada en esa zona y a bandas criminales.
El gobierno realizó la semana pasada el mantenimiento de la zanja de 600 metros construida cinco años cerca de Colchane.
Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla, que también son usados por migrantes indocumentados, principalmente venezolanos.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo a la prensa que la zanja se ampliará hacia el norte unos 300 metros.
“Son aproximadamente 300 metros que van a crecer hacia el norte de la zanja actual que es donde está el mismo complejo fronterizo”, explicó Delgado.
Desde hace dos años, Colchane se convirtió en la puerta de ingreso de miles de extranjeros indocumentados que cruzan a pie por pasos no habilitados desde Bolivia por el inhóspito Altiplano. Su fin es llegar a Chile, donde buscan una mejor vida.
La ampliación de la zanja busca “tener mayor capacidad de control de bandas criminales que quieran pasar en vehículos o justamente de personas que quieran ingresar de manera clandestina a Chile”, indicó Delgado.
El excandidato a la presidencia de Chile, el ultraconservador José Antonio Kast (que perdió el balotaje del 19 de diciembre pasado frente el izquierdista Gabriel Boric) había propuesto en su programa de gobierno construir una zanja de tres metros de profundidad con cercos en la frontera con Bolivia para frenar la migración irregular, provocando gran polémica.
Al menos 23 migrantes murieron en el último año intentando cruzar la frontera con Bolivia. Gran parte de quienes logran llegar a ciudades chilenas se instalan en carpas, en plazas o caminan a la deriva pidiendo ayuda.
La crisis migratoria llevó al gobierno de Sebastián Piñera, quien acaba su mandato el próximo viernes, a decretar en febrero un estado de excepción que se extendió por otros 15 días el jueves pasado.
La medida permite desplegar más de 600 militares en cuatro provincias del norte del país para colaborar con la policía en el control migratorio fronterizo.
