La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, denunció el martes el cierre “acelerado” de espacios democráticos en Nicaragua, al rechazar la ilegalización de 25 organizaciones de la sociedad civil críticas al mandatario Daniel Ortega.
“La CIDH urge a Nicaragua a restablecer las garantías y libertades democráticas y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas y de relevancia democrática”, dijo en un comunicado.
La Asamblea Legislativa de Nicaragua, controlada por el partido de Ortega, ordenó el 20 de abril anular la personería jurídica de 25 oenegés, alegando incumplimiento de la normativa que regula a las entidades sin fines de lucro.
“Con estas, serían más de 160 las organizaciones de la sociedad civil con personerías jurídicas canceladas por orden del poder legislativo, como parte de la estrategia de cierre de espacios democráticos de participación que lidera el Ejecutivo”, señaló la CIDH, destacando que este proceso es “continuo y acelerado”.
En particular, deploró el cierre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fundada en 1991 y uno de los organismos humanitarios que documentó la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, en la que murieron al menos 355 personas.
La CIDH dijo que los integrantes de la CPDH son beneficiarios de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2019 por las amenazas y riesgos a su integridad como consecuencia de su labor.
El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, cerró el domingo la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante el bloque regional, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de los protocolos, debe ocurrir en un lapso de dos años.
