El Gobierno colombiano creará tres zonas especiales en el norte y oeste del país para ubicar temporalmente a combatientes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de la nación suramericana con la que adelanta conversaciones de paz, según los compromisos adoptados este viernes en Doha (Catar).
Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó (oeste), y en Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba, señala una declaración conjunta firmada en la capital catarí por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, entre otros.
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, inició las conversaciones formales con el Clan del Golfo en septiembre pasado en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.
En esa primera ronda de diálogos, las partes acordaron una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.
Los nuevos compromisos adoptados este viernes amplían esas acciones piloto a otros diez municipios: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (en Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (en Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (en Bolívar).
Sobre la creación de las tres ZUT, el Gobierno y el Clan del Golfo acordaron que la ubicación será “gradual y progresiva” y se comprometieron a “adoptar las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes” durante su desplazamiento, “incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición”.
El Ejecutivo también asumió el compromiso de hacer las acciones humanitarias necesarias para conocer las “condiciones de salud y dignidad” de los integrantes del Clan del Golfo recluidos en cárceles del país y del exterior.
La declaración conjunta asigna además a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos alcanzados en Doha.
El documento insta a los colombianos a “reafirmar la construcción de paz como un objetivo común a los intereses de todos” y rechaza las acusaciones de que este esfuerzo de negociación “se enfoca en la revelación de información sobre líderes o estructuras del narcotráfico”.
“Preservaremos la integridad de este proceso sociojurídico impidiendo su instrumentalización con fines electorales y llamamos a no lesionar estos espacios con acciones que afecten su imparcialidad”, sostiene el documento.
El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal del país, con casi 9,000 integrantes, dedicado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.