El alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, afirmó hoy que el acuerdo en materia de justicia alcanzado con las FARC no implicará "una cacería de brujas" contra agentes del Estado, policÍas o militares que actualmente son investigados.
"Nosotros no vamos a aceptar un escenario (...) donde aquí despachamos rápidamente a las FARC y nos dedicamos a abrir investigaciones contra agentes del Estado o civiles, ese no va a ser el escenario", explicó en una rueda de prensa celebrada en Bogotá.
El pasado miércoles en La Habana, el Gobierno colombiano y las FARC anunciaron un acuerdo en materia de justicia transicional en un acto encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el lÍder de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko".
Ese acuerdo sobre uno de los temas más espinosos, implica una serie de beneficios jurídicos a los que se podrán acoger algunos miembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los que no han cometido delitos más graves, y que también es aplicable a civiles, militares y otros agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado colombiano.
En este sentido, Jaramillo aseguró que "se trata de mirar los hechos más graves y significativos del conflicto y de manera equilibrada hacer justicia para todos".
Por otra parte, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, explicó que "todo el que tenga responsabilidad y quiera obtener un resultado judicial debe someterse al sistema".
Sin embargo, subrayó que "las decisiones tienen que ser equilibradas y equitativas", además de marcar diferencias "porque las condiciones con las que cada quien ha actuado tienen que ser distintas".
"Los colombianos reconocemos que, salvo excepciones las Fuerzas Militares cumplían una función legítima. Por tanto las decisiones tienen que ser equilibradas y equitativas", agregó.
Asimismo, destacó: "lo conveniente en mi opinión para agentes del Estado es que el telón de fondo sea el mismo en términos de poner fin al acuerdo".De la Calle también hizo hincapié en que se brindan "garantías de seguridad y jurídicas a los agentes del estado y de legitimidad".