En Colombia, aunque esta semana surgió una luz de esperanza que permite vislumbrar el fin de medio siglo de conflagración interna, el proceso de paz también suscita dudas y escepticismo.
"Hay un cuestionamiento de poner en el mismo costal a guerrilleros y militares", dijo Angelika Rettberg, experta en conflictos armados, paz y seguridad de la Universidad de los Andes en Bogotá.
La derecha radical es la más virulenta, con el argumento de que "los militares retirados, que han luchado todos estos años, se sienten traicionados", señaló a la AFP.
El expresidente conservador Álvaro Uribe (2002-2010) criticó ferozmente el acuerdo de justicia transicional sellado el miércoles entre su sucesor, Juan Manuel Santos, y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).
"Nada se habla de exigirle a las FARC", denunció en un comunicado, en el que subrayó que "los militares no tienen un tratamiento digno como corresponde a las fuerzas de la democracia", sino que "se les pone en igualdad de condiciones con las FARC, se les somete al mismo mecanismo espurio de justicia".
El pacto de justicia, punto neurálgico del acuerdo de paz definitivo que deberá firmarse en seis meses, prevé una "jurisdicción especial" para los actores del conflicto armado, sean guerrilleros, militares o exparamilitares desmovilizados en la década de 2000.
"Muchos esperaban, políticos y empresarios, que el tema de la justicia fuera contra las FARC. Pero no es así y se sienten traicionados", apuntó Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz Reconciliación. La oposición, sin embargo, se ve más en la arena política que en los cuarteles.
Para el analista Frédéric Massé, "las FARC salen bien paradas, pero los militares también se beneficiarán de este acuerdo", especialmente los implicados en casos de "falsos positivos", como se denomina a las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros para obtener promociones o bonificaciones.
El pacto de justicia alcanzado también tiene detractores por razones morales. "Es un muy buen acuerdo en el plano político, un acuerdo realista. Pero moralmente, éticamente, se pueden entender las críticas", admitió Massé, experto de la Universidad Externado de Colombia.
Entre los escépticos está también la oenegé de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Su director para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió que el acuerdo "permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión".
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Besouda, en tanto, se ha comprometido a seguir de cerca la aplicación del acuerdo, pero ya saludó que "excluya la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".
A otros les preocupa el impacto en sus finanzas del modelo de justicia acordado para reparar violaciones a los derechos humanos.
Según Ávila, "hay personas que se beneficiaron mucho con el conflicto armado", en particular sectores rurales que saben que la paz supondrá "devolver tierras y asumir culpas".