El Congreso aprobó el miércoles en último debate una polémica reforma constitucional al fuero penal militar que, según activistas y defensores de derechos humanos, podría dejar impunes los delitos cometidos por uniformados, se informó oficialmente.
“#Atención Aprobada con mayoría absoluta la reforma Constitucional a la Justicia Penal Militar”, escribió en su cuenta oficial el Ministerio de Defensa.
“Aprobación de reforma a Fuero Penal Militar es en beneficio del país, para que militares y policías puedan defender a Colombia”.
La votación fue de 95 a favor y seis en contra, informó la oficina de prensa del Ministerio de Defensa.
“Agradezco al Congreso de la República el respaldo a estas Fuerzas Armadas”, en el Parlamento Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa.
Congresistas de izquierda expresaron su malestar por la reforma, que según Alirio Uribe, del Polo Democrático Alternativo, podría significar impunidad para militares y policías implicados en casos de violaciones a los derechos humanos.
Uribe dijo en diálogo telefónico con The Associated Press que la reforma podría afectar el proceso de paz que adelantan en Cuba el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según dijo, si a futuro se les reconoce algún tipo de estatus a las llamadas bacrim o bandas criminales “lo que va a pasar es que se acaba la guerra con las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y seguiremos en guerra contra las bacrim. (Sería) una prolongación de esta guerra”.
Uribe advirtió que su movimiento político demandará el acto legislativo respecto del fuero penal militar ante la Corte Constitucional, la máxima instancia en el país en asuntos de la Carta Magna.
Las bacrim surgieron a partir de la desmovilizción hacia 2004 de las organizaciones paramilitares y actualmente, según las autoridades, se dedican a actividades como el narcotráfico y en muchos casos al sicariato.
De acuerdo con Santiago Valencia, congresista del opositor Centro Democrático, la reforma “era necesaria aunque fue insuficiente porque hubiéramos querido proteger más a soldados y policías”. “Es un acto de justicia con quienes arriesgan su vida para salvar a los colombianos”, añadió, al tiempo que enfatizó en que la reforma en ningún momento pretende garantizarles impunidad a aquellos militares que transgredan las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La reforma, al decir del congresista José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, es clara en afirmar que la justicia penal militar conocerá de eventuales delitos cometidos por militares y policías con ocasión del servicio, es decir, que las ejecuciones extrajudiciales de civiles —o “falsos positivos”— serán de competencia de la justicia ordinaria.