El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció −la noche del martes 30 de julio− que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en estados como Bolívar, Falcón, Zulia, Carabobo y Aragua para prohibir a los directores de emisoras de radio “transmitir noticias que infrinjan elementos clasificados de violencia”.
La medida, de acuerdo con el SNTP, contra las emisoras sería bajo la amenaza de que las multen o les retiren la concesión; una estrategia que sería de mayor censura contra los medios de comunicación y que evita que la gente pueda conocer el desarrollo de las protestas generadas tras la divulgación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral en los que se dio como ganador a Nicolás Maduro.
“Siguiendo instrucciones de nuestro Director Gral. Jorge Eliéser Márquez queda Prohibido la transmisión de noticias que infrinja elementos clasificados de violencia, la promoción o difusión de lo indicado le puede acarrear pena de multa o retiro de concesión”, dice el texto citado por el Sindicato en sus redes sociales.
"Siguiendo instrucciones de nuestro Director Gral. Jorge Elieser Márquez queda Prohibido la transmisión de noticias que infrinja elementos clasificados de violencia, la promoción o difusión de lo indicado le puede acarrear pena de multa o retiro de concesión", dice el texto 🧵3/3
— SNTP (@sntpvenezuela) July 31, 2024
A inicios de mayo de 2024, la asociación civil Espacio Público denunció la disminución de los medios de comunicación en el país, mientras se evidencia una censura “con expresión geográfica” especialmente en los estados fronterizos, que impide a los ciudadanos acceder a información confiable o expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público, so pena de episodios de intimidación, detención u hostigamiento.
Espacio Público presentó el viernes su informe 2023 sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde se resalta que si bien el año pasado hubo una disminución de 11% en los casos relacionados a este derecho comparado con 2022, esto no implica la baja en situaciones como detenciones, intimidaciones u hostigamientos a medios de comunicación y sociedad civil en general.
Esto tampoco implica, señaló la asociación, “que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones”.
Solo en 2023 se registró una disminución total de medios del 7.41%. En el caso de los medios privados, estos experimentaron una contracción del 3.93% mientras que las emisoras radiales se redujeron 38%. Las televisoras también disminuyeron 45% en comparación a 2022.