La ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes 4 de mayo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Lo que empezó el miércoles como una nueva manifestación contra una reforma fiscal ya retirada se transformó en graves protestas contra el gobierno y choques con la fuerza pública.
En la mañana de este martes había personas en las calles y bloqueos en las vías de la capital y en Cali, tercera ciudad del país y la más afectada por los disturbios.
Hurtado hizo “un llamado a la calma (...) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta”.
Defensores de derechos humanos y oenegés denuncian amenazas y casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.
La Unión Europea se sumó a las advertencias y pidió “evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
La Defensoría del Pueblo registró el lunes 19 muertos y 89 personas desaparecidas durante las jornadas de protesta en el país. Por su parte, el Ministerio de Defensa contabilizó 846 heridos, de los cuales son 306 civiles.
Las protestas y disturbios encendieron la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali, en la noche del lunes. La ciudad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno.
La secretaría de Seguridad local registró este martes cinco muertos y 33 personas heridas durante manifestaciones y desmanes la víspera.
El Defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, denunció que una persona de la entidad, junto a otro de la Procuraduría -encargada de indagar irregularidades de funcionarios- y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali.
Los cinco “fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, precisó.
