Un jurado federal ordenó este jueves a Uber a pagar 8.5 millones de dólares, tras declarar a la empresa de transporte compartido responsable en una demanda de una pasajera que fue agredida sexualmente cuando usó el servicio en Arizona, Estados Unidos.
Esta es la primera vez que Uber es declarada culpable y sentenciada a pagar por su responsabilidad en un asalto sexual en Estados Unidos, lo que podría influir en miles de casos similares contra la tecnológica.
La demanda fue presentada por Jaylynn Dean, quien afirmó haber sido violada por un conductor de Uber cuando ella estaba bajo los efectos del alcohol y regresaba a su hotel en noviembre de 2023 en Tempe (Arizona).
Los abogados de Dean, citados por el periódico Arizona’s Family, argumentaron en el juicio que Uber se promocionaba como un servicio seguro para mujeres que habían bebido alcohol, a pesar de la serie de quejas y sus propios datos que este grupo demográfico era, de hecho, el que corría mayor riesgo de sufrir asaltos sexuales.
También argumentaron que Uber no corroboró los antecedentes criminales del conductor ni en Estados Unidos ni en su país de origen.
Para el momento del asalto la empresa tampoco ofrecía mujeres conductoras como una opción de servicio ni grabaciones de video o audio durante el viaje.
Por su parte, la compañía argumentó que Uber no era responsable ya que los conductores no son sus empleados sino contratistas independientes.
Uber acusó a la mujer de consentir las relaciones sexuales, a pesar que el conductor admitió que la mujer estaba demasiado ebria para dar su consentimiento.
La empresa despidió al conductor por sostener relaciones sexuales cuando realizaba un viaje, algo que está prohibido.
El jurado, compuesto por nueve personas que deliberaron por cerca de tres días, encontró responsable a Uber de uno de los tres cargos de los que fue acusado.
La compañía enfrenta miles de demandas similares. En julio de 2022, unas 550 mujeres estadounidenses presentaron en California una demanda contra la empresa de transporte compartido Uber por haber sido agredidas por los conductores cuando se encontraban en el interior de vehículos contratados a través de la plataforma.