Redacción - BBC News Mundo
Un juzgado en Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria después de que esta semana fuera declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal.
La pena fue anunciada este viernes por la jueza Sandra Heredia, quien ordenó su ejecución inmediata en contra de la solicitud de la defensa, que pedía que Uribe siguiera libre hasta que se resuelvan los recursos.
En el documento del auto, filtrado horas antes de su anuncio oficial por varios medios colombianos, la jueza dijo que tomó esta decisión “para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos” y porque, debido a “su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta”.
El expresidente colombiano, quien siempre ha negado los hechos y alega que es víctima de una persecución política, fue absuelto del delito de soborno simple por el que también fue procesado.
La defensa del expresidente apelará la decisión, que ahora pasará al Tribunal Superior de Bogotá.
Esta instancia deberá pronunciarse antes del próximo octubre, fecha en que preescriben los delitos.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, es el primer exmandatario en ser condenado penalmente en la historia del país.
Fue declarado culpable el lunes de haber instigado a terceros a manipular testigos tras ser acusado en 2012 de tener vínculos con grupos paramilitares por el senador Iván Cepeda en el Congreso.
El fallo y la pena de cárcel domiciliaria llegan tras 13 años de una compleja y mediática batalla judicial marcada por la polarización y con consecuencias políticas impredecibles.
Por qué condenan a Álvaro Uribe
La batalla judicial arrancó en 2012 después de que el entonces congresista Iván Cepeda, apoyado en los testimonios de líderes paramilitares, vinculó al expresidente al surgimiento del grupo armado Bloque Metro a fines de los años 90 en Antioquia.
El Bloque Metro era una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que enfrentó a las guerrillas izquierdistas y dejó miles de civiles muertos durante el conflicto interno colombiano.
Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de haber manipulado a los paramilitares para que hablaran en su contra, pero en 2018 esa instancia desestimó la denuncia.
En un inesperado giro de los acontecimientos, la Corte inició una pesquisa contra Uribe por considerar que había indicios de que fueron personas del círculo de Uribe quienes intentaron manipular testigos.
La Corte Suprema ordenó en agosto de 2020 la detención domiciliaria de Uribe porque consideró que había “riesgos de obstrucción a la justicia”.
Uribe estuvo detenido durante 66 días y renunció a su escaño de senador.
Por tal razón, la Corte dejó de tener la competencia para procesarlo y el caso pasó a la justicia ordinaria.
En los años siguientes, los fiscales encargados pidieron cerrar el caso porque consideraban que no había pruebas suficientes para acusar al expresidente.
Los pedidos fueron rechazados por la justicia en dos ocasiones.
Tras la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, nominada para el cargo por Gustavo Petro, Uribe fue finalmente llamado a juicio.
Uribe se unió a una lista de exmandatarios latinoamericanos que enfrentaron procesos criminales e incluso fueron a la cárcel, como el peruano Alberto Fujimori, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa, la argentina Cristina Fernández de Kirchner y el panameño Ricardo Martinelli.
Uribe denuncia a Petro
Tras conocerse la pena, el partido Centro Democrático, fundado por Uribe, convocó a una manifestación de apoyo al expresidente el próximo 7 de agosto.
“Respetamos las instituciones y creemos en la justicia, pero también estamos convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente”, dijo Centro Democrático en un comunicado.
Horas antes se hizo pública una denuncia de Uribe contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por “acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción”.
“No existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”, añade el comunicado de la firma Victor Mosquera Marín Abogados.
Esto después de que Petro dijera en X el pasado 29 de julio, en referencia al juicio contra Uribe, que “el tema central de la investigación es cómo se fundó el bloque Metro de los paramilitares de Antioquia y por qué lo exterminaron los mismos paramilitares”.
“A la JEP (Justicia Especial para la Paz) puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”, añadió el mandatario.
La JEP es un organismo de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016 que prioriza la reparación y búsqueda de la verdad para las víctimas del conflicto armado.
El senador Cepeda, quien acusó a Uribe de tener vínculos con paramilitares, dijo en una entrevista a BBC Mundo esta semana que, una vez condenado el expresidente por soborno de testigos y fraude procesal, se “abre la posibilidad a otros avances que puedan desentrañar lo que él quiso encubrir”.
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