El Tribunal Oral Federal 2, que el pasado 6 de diciembre condenó a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública, dijo este jueves que se trata de “un grave hecho de corrupción sin precedentes” en el país.
“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país”, argumentó el tribunal al publicar este jueves los argumentos de la sentencia, para luego indicar que se trató de “un grave hecho de corrupción sin precedentes”.
El tribunal también calificó de “cliché” la defensa de la también expresidenta (2007-2015) de calificar el proceso como una expresión concreta de lawfare (o guerra judicial), llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación.
Los jueces señalaron que Cristina Fernández es una de las autoras del delito investigado y una “intervención fundamental” en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y la vicepresidenta en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La resolución hace referencia al “tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida, el ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución” y al “poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan”.
Como también al “ya mencionado interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos”.
Todo eso constituye “la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho”, explicó en un texto de mil 616 hojas.
El tribunal también argumentó las condenas a los otros ocho exfuncionarios enjuiciados en la misma causa.