El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil confirmó este miércoles la suspensión del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por sospechas de corrupción en el área de la salud en plena pandemia de coronavirus.
Una corte especial de 15 jueces avaló, al formar la mayoría de dos tercios necesaria, la destitución temporal ordenada el pasado viernes por un juez de ese mismo tribunal, considerado como la penúltima instancia de la justicia brasileña.
La destitución de Witzel, un exjuez de 52 años, es válida por 180 días, en espera del fallo definitivo.
El gobernador apartado del cargo dijo en Twitter que respeta la decisión del STJ y volvió a negar que haya cometido “actos ilícitos”.
Según la denuncia de la Fiscalía, Witzel creó desde su llegada al cargo en enero de 2019, una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos. Entre los fraudes investigados figuran la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por covid-19 y la compra irregular de respiradores y medicamentos.
De acuerdo con la acusación, Witzel recibió sobornos por 274,2 millones de reales (unos 50 millones de dólares).
La esposa de Witzel, Helena Witzel, también fue denunciada, tras la identificación de pagos a su gabinete de abogacía por parte de empresarios involucrados en los desvíos.
La justicia ordenó además la detención de varios empresarios y la del pastor Everaldo, un líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece el ahora gobernador suspendido.
Witzel, objeto de un proceso de ‘impeachment’ en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) por ese mismo asunto, denuncia una persecución política motivada por un abierto enfrentamiento con el mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, de quien fue un aliado en las elecciones presidenciales de 2018.
La enemistad política entre Witzel y Bolsonaro se debió al avance de las investigaciones que involucran al hijo mayor del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, radicadas en Río, y se acentuó con las divergencias sobre las medidas de aislamiento para contener la pandemia, a las cuales se opone el jefe de Estado.
