El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre, rechazó la alusión hecha este viernes por el presidente del país, Rodrigo Chaves, a un “golpe de Estado judicial”, en el marco de un inédito proceso que lleva adelante el Legislativo sobre el levantamiento del fuero del mandatario.
“Una vez más, levanto la voz en defensa de la institucionalidad y la democracia. Desde el Poder Judicial, rechazamos con firmeza la pretensión de catalogar el proceso que enfrenta el presidente de la República como un supuesto ‘golpe de Estado judicial’, así como los insultos lanzados contra personas magistradas y fiscales”, expresó Aguirre en un comunicado.
El presidente de la Corte Suprema aseguró que las acciones desarrolladas por el Poder Judicial “cumplen con todos los requisitos legales y se han llevado a cabo con absoluta transparencia y de forma independiente”.
En una audiencia ante la Comisión legislativa que estudia el levantamiento del fuero de Chaves por un presunto caso de manejo irregular de fondos, el jefe de Estado calificó la acusación en su contra como un “montaje político” y un “intento de golpe de Estado judicial”.
“Aquí estoy frente a ustedes costarricenses y señores diputados, acompañado por un pueblo que me apoya enfrentando un intento de golpe de Estado judicial”, expresó Chaves tras lanzar duras críticas al fiscal general, Carlo Díaz, a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Legislativo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a la ciudadanía para que “ejerza un espíritu crítico frente a discursos que buscan confundir” y que “confíe en el sistema democrático y de justicia que, por décadas, ha sido pilar de la paz social y la estabilidad”.
El presidente Chaves está acusado del delito de concusión, que sanciona con penas de 2 a 8 años de cárcel al funcionario público que, al abusar de sus funciones, “obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405,000 dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial.
La Fiscalía también acusó al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves, así como a Federico Cruz, quien fue asesor de la campaña electoral y personal del mandatario, y quien habría recibido 32.000 dólares del dinero del BCIE.
La Comisión que estudia el levantamiento del fuero presidencial deberá emitir, en una fecha aún por anunciar, un informe para que el Plenario Legislativo vote si le levanta o no el fuero a Chaves.
Para remover el fuero es necesaria una mayoría legislativa calificada de 38 votos (dos terceras partes de los diputados).
