El Tribunal Penal de Hacienda anuló la fianza y, en consecuencia, impuso cuatro meses de prisión preventiva a los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas, dueños de las constructoras H Solís y MECO, respectivamente.
Así lo dan a conocer, este lunes 19 de julio, los medios costarricenses, quienes han reportado que ambos ya fueron detenidos por la Policía Judicial.
Luego de conocerse sobre la resolución del citado tribunal, el Juzgado Penal de Hacienda giró de inmediato órdenes de captura en contra de estos empresarios.
Según una publicación de la revista Forbes en 2020, el dueño de la constructora Meco es una de las personas más ricas de Costa Rica; el año pasado registró ingresos cercanos a los 700 millones de dólares. En tanto, H Solís es una de las compañías que ha tenido en sus manos algunos de los proyectos viales más importantes de Costa Rica y fue fundada por Hernán Solís.
Ambos empresarios figuran entre los sospechosos en una investigación sobre supuestos actos de corrupción con contratos públicos de obras viales, conocida como caso Cochinilla.
El primero en ser arrestado fue Cerdas, cuando se encontraba en los predios del centro comercial Multiplaza, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.
En tanto, Solís fue detenida en la entrada de los tribunales de Goicoechea (cantón de Costa Rica), cuando ella llegó a presentarse a ese despacho.
Según informó La Nación, estos empresarios fueron trasladados a celdas judiciales del OIJ, donde esperarán su traslado a algún centro penal del país centroamericano.
El 14 de junio pasado, Solís y Cerdas, junto a una veintena de personas, habían sido detenidos como parte de un megaoperativo por parte de las autoridades.
Sin embargo, la jueza Carolina Lizano determinó luego dictar fianzas de excarcelación para Cerdas, dueño y presidente de Meco, y para Solís, propietaria de H Solís, pese al pedido del Ministerio Público de solicitar prisión para todos los implicados en este escándalo.
El caso Cochinilla investiga presuntos pagos de sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, con la intención de favorecer a un grupo de empresas en la adjudicación de proyectos de obra pública.
