El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles su primera ley desde que regresó al poder, una medida que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados.
Trump rubricó la ley, la primera desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, en la Sala Este de la Casa Blanca, ante un centenar de invitados, entre ellos familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado cuya muerte inspiró la legislación.
“Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley”, afirmó Trump, quien aseguró que el migrante que la asesinó, procedente de Venezuela, debería haber sido deportado.
“En lugar de ser expulsado, como debería haber ocurrido, fue liberado en Estados Unidos, al igual que millones de otras personas, muchas de ellas muy peligrosas, pero ya ven lo que estamos haciendo: los estamos sacando de aquí”, subrayó.
Durante su discurso, Trump relató la historia de Laken Riley, cuyo nombre lleva la ley. Riley era una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en el estado de Georgia en febrero de 2024 por un inmigrante venezolano indocumentado, José Ibarra.
Ibarra residía de manera irregular en Estados Unidos y había sido arrestado por un delito menor de hurto en tiendas, pero se le permitió permanecer en el país mientras su caso migratorio estaba en proceso. Fue declarado culpable del asesinato de Riley a finales de 2024 y cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Su muerte avivó el debate sobre la inmigración en la recta final de las elecciones de noviembre de 2024, en las que la candidata demócrata y entonces vicepresidenta, Kamala Harris, perdió frente a Trump, quien había prometido las mayores deportaciones en la historia del país.
La iniciativa fue aprobada el pasado 22 de enero por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, con el respaldo casi unánime de esa bancada -excepto un legislador que no votó- y el apoyo de 46 congresistas demócratas.
La ley también recibió el visto bueno del Senado, donde los republicanos tienen mayoría, con el respaldo de 12 senadores demócratas, pese a la oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, tradicionalmente alineados con el Partido Demócrata.
Estos grupos denunciaron la medida por considerarla demasiado radical, al punto de que podría desencadenar redadas masivas contra personas acusadas de delitos menores, como el hurto en tiendas.
Organizaciones de derechos civiles e inmigrantes también alertaron de que la ley elimina el debido proceso para acusados de delitos no violentos.
Los arrestos contemplados en la nueva legislación incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas y los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El texto también autorizará a los fiscales generales de los estados del país intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.
Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de $3,000 millones adicionales y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60,000 camas para poder aplicar esa ley.
Trump puso la migración en el foco de su campaña y ha presionado a las agencias gubernamentales competentes para imponer una cuota de arrestos diarios mínimos por agente y subir la cifra total de detenciones a entre 1,200 y 1,500 al día.
El mandatario ha sugerido que la aprobación de esta ley es solo el principio. En una conferencia de legisladores republicanos en su hotel en Doral, cerca de Florida, destacó el lunes que muestra el potencial de proyectos de ley adicionales que les ayudarán a tomar medidas enérgicas “contra los extranjeros criminales y a restaurar totalmente el estado de derecho en el país”.