La actual Corte Suprema de Estados Unidos cuenta con una mayoría ultraconservadora (6 a 3) —obtenida por mecanismos y artimañas políticas— que se ha comprometido a desmantelar la democracia liberal estadounidense. Aunque es fácil echarle la culpa de la oscilación hacia la extrema derecha de ese máximo tribunal al expresidente Donald Trump, en realidad se trata del resultado de un esfuerzo concertado del Partido Republicano, el evangelismo conservador, e importantes intereses empresariales que se benefician del movimiento retrógrado de las manecillas del reloj social.
La gran Corte liberal
Después de la segunda Guerra Mundial, cuando la sociedad estadounidense se enfrentó a la gran tarea de integrarse social y económicamente, la Corte Suprema ocupó un rol preponderante en abrirle la puerta a esos cambios que constituyeron el fundamento de las modernas democracias liberales, sociedades en las que la mayoría elige al gobierno, pero las minorías se desarrollan sin temor a las pérdidas de sus derechos.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó por medio del fallo Brown vs Board of Education de 1954, que todos los recintos públicos de educación debían estar disponibles en igualdad de condiciones para los estudiantes afroestadounidenses, al igual que para los blancos. El fallo unánime provocó un cisma con los estados sureños y con los sectores más conservadores que desde entonces iniciaron su campaña de resistencia contra la Corte Suprema.
Luego siguieron los fallos de casos emblemáticos como por ejemplo Sullivan vs New York Times de 1964, en el cual la Corte estableció la doctrina de la real malicia en los casos de calumnia e injuria. En esa misma década, en 1966, la Corte decidió el caso Miranda vs Arizona, del cual se derivan principios universales del debido proceso y del derecho a la defensa. En 1967 la Corte decidió Loving vs Virginia, el caso en el cual se legalizó el matrimonio interrracial entre cualquier grupo étnico en todo Estados Unidos. Esa ampliación de los derechos a la intimidad llevaron al máximo tribunal estadounidense a reconocer, en 1973, en el caso Roe vs Wade el derecho al aborto del feto no viable.
La contracorriente
Los estridentes avances jurisprudenciales inspiraron a grupos de presión interesados en obtener la designación de nuevos magistrados más conservadores, que detuvieran la oleada de una jurisprudencia liberal respaldada por mayorías contundentes de jueces demócratas y republicanos.
Este esfuerzo tuvo múltiples campos de batalla. Por una parte, las coaliciones electorales en la gran mayoría de los estados de la unión empezaron a empujar candidatos a puestos de elección con una plataforma de conservadurismo judicial. A su vez, los institutos de pensamiento conservadores reclutaban jóvenes intelectuales de derecha para incubarlos con la finalidad de insertarlos en la administración de justicia estadounidense. Quizás, uno de los elementos más exitosos de esta estrategia fue la fundación, en 1982, de la Federalist Society, cuya intención era promover una interpretación “textual” y originaria del texto constitucional estadounidense en toda la sociedad, pero en particular en las principales facultades de derecho de ese país.
Los jóvenes estudiantes y abogados novatos que respaldaron esta visión judicial fueron becados y recibieron un importante impulso para acelerar sus carreras judiciales o académicas. El movimiento tomó velocidad durante la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) y de George Bush padre (1989-1993), siendo este último el que postuló a Clarence Thomas.
El error de Biden
En 1991, el senador demócrata Joe Biden era el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos. Los demócratas dominaban las dos cámaras legislativas, con cómodas mayorías. En 1987, los demócratas habían rechazado la designación del jurista ultraconservador Robert Bork, con fuerte vinculación al caso Watergate. Sin embargo, la nominación del juez Clarence Thomas provocó una división en los círculos políticos demócratas. Thomas llegaba al Senado con un cuestionable historial profesional sirviendo a los republicanos, para complicar el asunto, una ex asistente del juez, la profesora de derecho Anita Gill, lo denunció por acoso sexual. Las penosas audiencias senatoriales devinieron en un debate sobre la credibilidad de la profesora Gill. Al final, Joe Biden le dio su respaldo a Thomas, quien fue ratificado el 23 de octubre de 1981.
Poco a poco, el cambio del timón judicial se empezó a sentir. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de diciembre del año 2000 —Bush vs Gore—, en el que la Corte le dio la razón al candidato George Bush hijo, en el fiasco electoral de Florida, y le quitó el derecho al vicepresidente Al Gore de un recuento electoral de todos los votos del estado de Florida, le dio la presidencia a Bush (2001-2009).
Un consorcio periodístico hizo el recuento que Gore le había solicitado a las autoridades electorales de Florida, se contaron varias veces todos los votos de ese estado, y el resultado fue el mismo: el demócrata le ganaba al republicano.
El desmantelamiento
Con Bush hijo en la presidencia por 8 años, el resultado fue que se escogieron a jueces mucho más conservadores para la Corte Suprema. La inversión de tiempo, mucho dinero y abundante talento había empezado a tener resultado. Aunque la Corte seguía manteniendo un prurito de respetos a la tradición judicial más liberal, iba apretando las tuercas para fundamentar una jurisprudencia reaccionaria, que le ataba las manos al estado regulador, y desbarataba los principios de una persona un voto.
En el año 2010, se decidió el caso Citizen United vs Federal Election Commission, por el cual se permitió que las campañas electorales no tuvieran límites de donaciones ni de gastos. Aunque en el año 2015 se decidió Obergfell vs Hodges, que permitió el matrimonio igualitario en todo Estados Unidos, ya la puerta venía cerrándose. En el año 2016, último año del demócrata Barak Obama, el Senado, dominado por los republicanos, bloqueó el proceso de designación al candidato a juez de la Corte de Obama. Ni siquiera le permitieron su audiencia de evaluación.
La llegada de Donald Trump en 2017 conllevaba una poderosa promesa electoral a los sectores más conservadores: él nombraría a los jueces que tumbarían Roe vs Wade. Trump pudo hacer tres nombramientos relámpago con los resultados previsibles hasta la fecha: derogaron Roe, ampliaron los derechos a portar armas de fuego, disminuyeron la protección del voto de las minorías afro e hispana, y le han impuesto importantes cortapisas a la capacidad regulatoria del gobierno federal.
Los textualistas con su defensa del originalismo de la Constitución estadounidense insisten en que aquello que no se menciona en esa Carta Magna no puede ser reconocido por la Corte. George Washington no conoció el internet, Benjamín Franklin no supo nada sobre el teléfono celular, James Madison jamás pudo imaginar el viaje espacial, y ninguno de ellos así como el resto de los que fundaron esa república, así como los que redactaron esa Constitución podían pensar sobre cómo regular fenómenos que no existían en el siglo XVIII.
Los originalistas quieren que el gobierno deje en paz a los dueños de las armas de fuego, pero a la vez pretenden que distintas autoridades locales, estatales y federales controlen los derechos reproductivos de las mujeres. Es obvio que la falta de coherencia corresponde más a un movimiento de carácter fanático que a un intento racional de regular la vida en sociedad.
Aunque es probable que el gobierno de Biden reciba una paliza electoral en noviembre de este año, la Corte Suprema de ensueño de los grupos ultraconservadores se ha encargado de garantizar que ningún republicano vuelva a la Casa Blanca a corto plazo. Salvo que se vuelva a repetir lo de Bush vs Gore.
Es muy difícil ganar la presidencia de Estados Unidos si no se cuenta con los votos de las mujeres, la comunidad afroestadounidense, los varones blancos con título universitario, los ambientalistas, el colectivo LGBTIQ+, y todos los demás grupos que han visto cercenados sus derechos ganados en casi 60 años de jurisprudencia. Clarence Thomas, el juez que Joe Biden salvó, es el miembro de mayor edad de la Corte, y por lo tanto, el que decide quién redacta los fallos de la mayoría conservadora. Su fanatismo y su desprecio por la jurisprudencia liberal le salvaron la presidencia a Joe Biden.
