La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, aseguró este jueves que las autoridades electas en las elecciones de este año deben tomar posesión en enero, como lo establece la ley.
El tribunal dictaminó al respecto tras la solicitud de un grupo de abogados que habían planteado un recurso legal para garantizar la democracia, ante los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por revertir el triunfo del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
La corte detalló en un comunicado de prensa que respaldó su decisión “conforme su fin último de preservar el Estado de Derecho”.
De igual forma, indicó que su dictamen es “oportuno” para “salvaguardar el orden constitucional” en el país centroamericano.
El pedido a la corte fue planteado por un grupo de abogados particulares y faltaba la sentencia definitiva al respecto, oficializada este jueves.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en su sentencia señala que el dictamen “es sin perjuicio” de cualquier investigación que quiera llevar a cabo la Fiscalía o de las “facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias” en temas vinculados a los comicios.
El dictamen del máximo tribunal del país centroamericano supuestamente pondría fin a los intentos del Ministerio Público por revertir el triunfo de Arévalo de León en las urnas.
La Corte de Constitucionalidad pidió al Congreso este jueves también “garantizar” la toma de posesión programada para el 14 de enero, y que se encontraba en riesgo después de que el Ministerio Público pidiera el 8 de diciembre pasado que se anularan los comicios por supuestas irregularidades administrativas del tribunal electoral.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también instaron al actual presidente, Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional”.
La votación este jueves fue de cuatro magistrados a favor del dictamen divulgado y uno en contra.
Desde julio pasado, la Fiscalía ha intentado revertir el triunfo de Arévalo de León, a quien las encuestas colocaban en octavo lugar y que llegará al cargo con un fuerte discurso anticorrupción.
Arévalo de León advirtió el pasado 1 de septiembre que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un “golpe de Estado” en su contra junto a “otros actores corruptos”.