El procurador general interino de Argentina, Eduardo Casal, pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que sume la figura de asociación ilícita a la condena contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), lo que podría elevar la pena de 6 a 12 años de prisión en la causa por corrupción en la concesión de obras públicas durante su mandato.
Casal respaldó la apelación del fiscal general de Casación, Mario Villar, quien había solicitado al máximo tribunal que se agregue ese cargo, descartado previamente por los tribunales inferiores al considerar que las irregularidades en 51 obras públicas constituían un único hecho.
“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, indicó Casal en su dictamen, al que tuvo acceso EFE.
“Efectivamente, que la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”, añadió el procurador interino.
La Corte podrá tomarse hasta un año para resolver si deja firme la condena contra Fernández o si acoge el planteo de Casal y le encarga a la Cámara de Casación un nuevo fallo, que podría duplicar la pena y ratificar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El dictamen del procurador fue emitido un mes después de que el Tribunal Supremo le solicitara su opinión sobre el recurso del fiscal Villar y apenas diez días posteriores de que la expresidenta recusara a uno de los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por supuesta falta de “imparcialidad, independencia e integridad”.
Aunque la Corte no tiene plazos para pronunciarse, primero deberá resolver el pedido de recusación. En caso de que la condena quede firme, Fernández —de 72 años— podría cumplir la pena en su domicilio, conforme a los beneficios previstos por la ley penal argentina para personas mayores.
La defensa de la ex jefe de Estado ya había adelantado que, de confirmarse la condena, recurrirán a organismos internacionales.