El Tribunal Supremo estadounidense falló este viernes a favor de que el Gobierno de Donald Trump pueda retirar la protección legal temporal concedida por la anterior Administración de Joe Biden a 532,000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
La Administración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este “parole humanitario”, que permitía a estas 532,000 personas vivir y trabajar de manera provisional en Estados Unidos, sin analizar el procedimiento caso por caso.
En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que “el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy”.
“(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, escribe la jueza.
Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora “dos opciones insostenibles”. Por un lado, pueden optar por abandonar Estados Unidos y enfrentarse a “peligros en sus países de origen”, tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su “parole” “y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”.
El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350,000 migrantes venezolanos.
El republicano retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la expulsión de millones de inmigrantes.
El llamado “parole humanitario” fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.
