España permite el aborto y el cambio de sexo sin trabas desde los 16 años

La ley incluye medidas para evitar los vientres de alquiler, ilegales en España.

España permite el aborto y el cambio de sexo sin trabas desde los 16 años
Hasta ahora era necesario el consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años pudieran interrumpir el embarazo, a partir de las catorce semanas de gestación. ARCHIVO

Las menores a partir de 16 años pueden desde este jueves en España interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna y cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos.

Las nuevas leyes del aborto y sobre la autodeterminación de género que entran en vigor en esta jornada son uno de los compromisos del Gobierno de coalición de izquierda en el país en su política de avances en derechos sociales.

Hasta ahora era necesario el consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años –pues la mayoría de edad legal es desde los 18 en España– pudieran interrumpir el embarazo, a partir de las catorce semanas de gestación.

Otra de las novedades es que se elimina el plazo de reflexión de tres días antes de abortar y la obligación de informar a la mujer sobre ayudas a la maternidad por si decide seguir con el embarazo.

Además se reconoce por primera vez el derecho a una baja laboral por una menstruación dolorosa e incapacitante, lo que convierte a España en pionera en esta materia en Europa.

Y se amplían los derechos reproductivos a las “personas trans con capacidad de gestar”, esto es, que han cambiado su sexo al masculino pero mantienen el aparato reproductor femenino.

La ley incluye también medidas para evitar los vientres de alquiler, ilegales en España, como prohibir la publicidad de las agencias de intermediación, y considera como violencia la esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso y la gestación por sustitución.

En España se practican algo más de 90 mil interrupciones voluntarias del embarazo al año, la gran mayoría en centros privados, por lo que la norma también prevé medidas para que los centros públicos sean de referencia en aborto.


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