Darío Brooks - BBC News Mundo
El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado ante un tribunal federal de EE.UU. de cargos relacionados con el narcotráfico, informó este miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.
El mandatario estatal, perteneciente a Morena, el partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos de tráfico de drogas y armas.
“Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
Rocha Moya y los otros acusados son vinculados a “Los Chapitos”, la facción del Cartel de Sinaloa que dirigen los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en ese estado y otros de México.
“El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad [EE.UU.] con drogas peligrosas durante décadas”, dijo el fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza la acusación contra Rocha Moya y los otros acusados.
“Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo”, añadió.
Además del gobernador de 76 años, los otros acusados son:
Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno estatal.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, exmandos policiales estatales.
Juan de Dios Gámez Mendivil, exalcalde de Culiacán.
Juan Valenzuela Millán, exjefe de policía de Culiacán.
Tras conocerse la acusación en EE.UU., el gobernador Rocha Moya escribió en X: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, dijo.
Por su parte, el senador Insunza Cázarez aseguró que la acusación responde a sus críticas a la presencia de agentes de EE.UU. en México que hizo en los últimos días por un caso ocurrido en el estado de Chihuahua.
“Hoy, causalmente. autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, escribió el senador en X.
Esta es la primera vez que un gobernador y un senador en funciones son acusados por la justicia de EE.UU.
¿De qué los acusan?
En el comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que los acusados recibían sobornos a cambio de facilitar las labores del Cartel de Sinaloa y la protección de sus cabecillas en el estado del noroeste de México.
En particular, presuntamente ayudaban a la facción de “Los Chapitos”, que se quedaron al frente de un fragmento de ese cartel tras la detención y procesamiento judicial en EE.UU. de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los líderes de ese grupo habrían ayudado a Rocha Moya a conseguir la gobernatura de Sinaloa en 2021, según la acusación, mediante “el secuestro y la intimidación de sus rivales”.
“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y, como gobernador, Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.
Según el Departamento de Justicia, todos los señalados presuntamente ayudaron al tráfico de “cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos” desde sus cargos.
Entre las “funciones esenciales para el cartel”, continuó, había “protección a los líderes” para no ser investigados, detenidos o llevados a juicio. También son acusados de proporcionarles “información sensible de las fuerzas del orden y del ejército” para ayudarlos en sus actividades.
Valenzuela Millán también está acusado de presunta participación en los secuestros de un informante de la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y de un familiar de este, que terminaron en la muerte de ambos.
“Esta acusación pone al descubierto un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en peligro vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cartel, permitiendo el flujo de drogas letales hacia nuestro país”, afirmó el administrador de la DEA, Terrance Cole.
El Departamento de Justicia también señala que la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán presuntamente “protegieron los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos”, además de “permitir que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin sufrir consecuencias”.
A cambio de tal colaboración, según la acusación, los señalados habrían “recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”.
EE.UU. pide su extradición
Luego de la presentación de la acusación, la Cancillería mexicana informó que recibió en la tarde del martes una solicitud de EE.UU. de detención con fines de extradición “de diversas personas”.
La petición, indicó la Cancillería, “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.
También señaló que enviaría a la Embajada de EE.UU. “un extrañamiento” debido a “la forma en que se dio a conocer” la petición de extradición.
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