El gobierno de Estados Unidos hizo permanente el programa que permite exigir una fianza migratoria a determinados solicitantes de visas de turismo y negocios (B-1/B-2) provenientes de 50 países considerados de alto riesgo por sus niveles de permanencia irregular o sobreestadía.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado, entró en vigor el 3 de agosto y reemplaza el programa piloto que comenzó en 2025.
La nueva regulación eleva el monto máximo de la fianza a 20 mil dólares, mientras que los oficiales consulares podrán fijar depósitos de 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares, según la evaluación individual de cada solicitante.
Si el visitante cumple las condiciones de su visa y abandona Estados Unidos dentro del período autorizado, la totalidad del monto le será reembolsada. En cambio, si incumple las normas migratorias, podría perder la fianza.
El Departamento de Estado aclaró que el pago de la fianza no garantiza la aprobación de la visa. La decisión final sigue dependiendo de la evaluación consular y el depósito solo debe realizarse cuando el funcionario lo solicite expresamente durante el proceso de entrevista.
La lista comprende 50 países, la mayoría ubicados en África, aunque también incluye naciones de Asia y Oceanía. Entre los países latinoamericanos y caribeños sujetos a esta política figuran Cuba, Venezuela, Nicaragua, Granada, Antigua y Barbuda y Dominica.
Según el Departamento de Estado, la revisión del programa piloto proporcionó evidencia suficiente para convertirlo en una política permanente.
