Estados Unidos anunció este lunes más sanciones contra Nicaragua en respuesta “a la farsa de elecciones nacionales orquestadas por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”.
El departamento del Tesoro impone sanciones al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el viceministro de Finanzas, José Adrián Chavarria Montenegro; el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; y varios alcaldes a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro acusa al Ministerio Público de haber “arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua”.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated the Public Ministry of Nicaragua & 9 officials of the Government of Nicaragua. This action targets those who are repressing Nicaraguans for exercising human rights & fundamental freedoms.https://t.co/XolccjY3QR
— Treasury Department (@USTreasury) November 15, 2021
El presidente estadounidense Joe Biden calificó de “farsa” los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se impuso para un cuarto mandato consecutivo, junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, sin opositores de peso.
El secretario de Estado, Antony Blinken, había advertido que Washington estaba considerando la imposición de nuevas sanciones.
“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, declara Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
“Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo más estrecho de que apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”, añade.
Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de estas personas en Estados Unidos.
Las sanciones “no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para fomentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario que apoyan”, señala.
