El Gobierno de Estados Unidos retiró la visa al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, quien se suma a una serie de figuras políticas costarricenses a quienes el Gobierno de Donald Trump retiró el documento sin razones oficiales confirmadas.
El exgobernante (1986-1990 y 2006-2010) confirmó a los medios locales que recibió un correo electrónico en el que se le informa del retiro de su visa y que desconoce los fundamentos de esa acción.
Arias ofrecerá una conferencia de prensa al final del día martes para pronunciarse sobre el asunto.
En sus redes sociales Arias ha sido crítico del Gobierno de Donald Trump, especialmente de la forma en que ha abordado la guerra entre Rusia y Ucrania, y también de la posición del actual Gobierno de Costa Rica que preside Rodrigo Chaves en relación con la visita, en febrero pasado, del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
“Siempre he creído que los Estados Unidos es una nación en búsqueda de un enemigo. Hoy ese enemigo es China. El tener un supuesto enemigo les ha permitido alimentar la industria armamentista y justifica que hoy destinen un billón de dólares (un trillón para los estadounidenses) en armas y soldados”, escribió Arias el 3 de febrero pasado en Facebook.
Arias, quien gobernó Costa Rica en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, dijo que durante sus mandatos el Gobierno “nunca recibió órdenes de Washington, como si fuéramos una república bananera”.
En su segundo Gobierno, Arias impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y también estableció relaciones diplomáticas con China en 2007, lo que propició la firma de un TLC con el gigante asiático.
Tras la visita del secretario Rubio a Costa Rica en febrero pasado, el Gobierno estadounidense retiró la visa a los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), mismo partido de Arias; y a las legisladoras Johana Obando y Cynthia Córdoba del Partido Liberal Progresista, así como a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (estatal de energía y telecomunicaciones), Ana Sofía Machuca.
Todos ellos habían sido criticados constantemente por el presidente Rodrigo Chaves y algunos de sus ministros, por supuestamente apoyar o favorecer a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, la cual aspiraba a competir por contratos para el desarrollo de redes de 5G en Costa Rica.
En su visita a Costa Rica, Rubio felicitó al Gobierno costarricense por su “firmeza” para no permitir la participación de empresas chinas en 5G y además advirtió de posibles sanciones para funcionarios que colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.
Desde 2023, el Gobierno de Chaves firmó un decreto en el que establece que para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.
China, país sede de la empresa Huawei, no es signatario de ese instrumento, por lo cual la compañía ha quedado fuera de los concursos públicos, aunque ha apelado mediante vías legales.
El Gobierno costarricense ha defendido que el decreto tiene como fin la protección de los datos y la información de las empresas y las personas y ha cuestionado la transparencia de China, lo que ha provocado roces con la embajada asiática.
