Excancilleres acusan al Supremo de Venezuela de ser parte de la ‘maquinaria represiva del Estado’

Excancilleres acusan al Supremo de Venezuela de ser parte de la ‘maquinaria represiva del Estado’
Fotografía de archivo de la presidenta del tribunal supremo de justicia de Venezuela, Caryslia Rodriguez. EFE/ Miguel Gutiérrez

Un grupo de exministros y exministras de relaciones exteriores de diversos países latinoamericanos ha emitido una declaración en la que respaldan los hallazgos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego de los comicios electorales en Venezuela el pasado domingo 28 de julio.

Los firmantes, entre los que destacan la excanciller panameña Isabel de Saint Malo (2014-2019), coinciden en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, presidido por la chavista Caryslia Rodriguez, carece de imparcialidad e independencia y que, junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha actuado como parte de la “maquinaria represiva del Estado”.

Dicha declaración subraya que el reciente pronunciamiento del TSJ, que avala los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro, es inconstitucional y carece de validez.

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En este sentido, hacen un llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando los esfuerzos diplomáticos dirigidos a facilitar una transición democrática en Venezuela.

La declaración es firmada por Jorge Castañeda, Claudia Ruiz Massieu y José Antonio Meade de México; Luis Gallegos de Ecuador; María Ángela Holguín de Colombia, José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz de Chile; Eladio Loizaga de Paraguay; Susana Malcorra de Argentina; Rodolfo Nin Novoa de Uruguay; Aloysio Nunes de Brasil e Isabel de Saint Malo de Panamá.

El pasado 23 de agosto, gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron su rechazo categóricamente al anuncio del TSJ, que dio como reelecto a Maduro.

Por su parte, el rector del CNE, Juan Carlos Delpino, denunció “irregularidades” durante los comicios, con lo que, a su juicio, se perdió confianza en la integridad del proceso, así como en los resultados anunciados.

Delpino explicó que ante el desalojo de los testigos electorales en varios centros de votación del país, la falta de transmisión del “código QR a la data center de los comandos”, y la falta de solución efectiva del jaqueo denunciado por el ente electoral, le hicieron tomar la decisión de no acudir a la sala de totalización de los resultados de la votación la noche del 28 de julio.


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