Guadalupe y Martinica, dos islas francesas en el Caribe con elevados niveles de pobreza, registran desde mediados de noviembre una intensa protesta contra la vacunación obligatoria anticovid de los sanitarios, que desembocó en una crisis social.
En estos dos departamentos de ultramar, situados en las Antillas, con unos 380,000 habitantes cada uno, se aplican las leyes y normas aprobados por el gobierno francés, aunque pueden haber “adaptaciones” locales.
La entrada en vigor el 15 de noviembre de la vacunación obligatoria anticovid para el personal sanitario y bomberos de los departamentos ultramarinos, como ya estaba vigente en el resto de Francia, provocó protestas, disturbios y saqueos en Guadalupe.
En ese archipiélago de las Antillas, donde un 34% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el desempleo el 17%, la epidemia aumentó la tensión y los representantes locales denunciaron la falta de diálogo del gobierno francés.
El 16 de noviembre, sindicatos y grupos ciudadanos llamaron a una huelga general ilimitada para protestar contra la inoculación obligatoria y contra el pasaporte sanitario. Un día después, un llamado similar a partir del día 22 se lanzó en Martinica.
En Martinica, donde el desempleo alcanza el 12% y casi un 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, los manifestantes reclaman el fin a la vacunación obligatoria, así como un aumento de los salarios y una abaratamiento del combustible.
Los sindicatos piden que se subvencionen totalmente las pruebas de enfermedades vinculadas a la clordecona, un pesticida responsable de casos de cáncer de próstata que fue prohibido en 1993 en las Antillas, tres años después que en Francia continental.
En Guadalupe, situada a 120 kilómetros al noroeste de Martinica y separada de esta por Dominica, las reivindicaciones son también múltiples: sanitarias, sociales, económicas e, incluso, identitarias.
