La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes el memorando que hace oficial la revocación del Estatuto de Protección Temporal (TPS), una medida de protección contra deportaciones, para unos 350 mil venezolanos que están en Estados Unidos.
Medios estadounidenses habían adelantado el fin de semana la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar este amparo migratorio para venezolanos llegados en los últimos años, y que en los próximos meses podrían ser sujetos de deportación.
La orden, publicada el fin de semana en la web del Gobierno y que se hace efectiva desde el día de hoy, señala que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos a partir de la fecha de caducidad de este beneficio.
La orden citada atribuye la revocación a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras realizar la agencia una revisión de las “condiciones del país” y concluir que el TPS es “contrario” al “interés nacional de EU.”
El TPS para los venezolanos permite a más de 600 mil de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos.
El pasado jueves, el Gobierno de Trump revocó una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que fue aprobada al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar allí hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.
La noticia se produce después de que Venezuela aceptara encargarse del transporte y de recibir a sus ciudadanos que sean deportados de EU.
La semana pasada, el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajó a Caracas y se reunió en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos no reconoce como presidente, en una misión para que Venezuela libere a seis presos estadounidenses y aceptara vuelos de deportación.
Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunos de esos intentos.