El Gobierno de Nicaragua canceló este viernes la personalidad jurídica a una asociación de combatientes históricos sandinistas y a otras 25 ONG, incluidas 12 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas dos extranjeras.
La disolución de la Asociación de Combatientes Históricos de San Marcos “Moya Larios” (Acohsam), inscrita desde 2014, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, esa asociación de combatientes históricos fue ilegalizada por “incumplimiento”, debido a que “no reportaron estados financieros del periodo 2017 a 2022″, y su junta directiva estaba vencida desde enero de 2021.
Con el cierre de esas 26 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 12 ONG “por estar en abandono y tener entre 3 a 12 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”.
Otra, que daba cuidado y resguardo a niños, niñas y adolescentes huérfanos por no contar con las credenciales del Ministerio de la Familia, y la estadounidense El Puente por no reportar “por más de seis años su junta directiva del país de origen” y no actualizar el poder de su representante legal en Nicaragua ni sus estados financieros en los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, de acuerdo con la información.
Las otras 12 ONG, entre ellas una estadounidense y una panameña, fueron canceladas por “disolución voluntaria”.
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de Nicaragua, Fundación Masaya Contra la Pobreza, Asociación Civil de Desmovilizados de Camoapa, Asociación Hermanas Clarisas Franciscanas, Fundación Cadenas Cicilagos y Vidas sin Cáncer, entre otras.
ESTADO DECOMISARÁ BIENES
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018.
Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.