El ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró que el gobierno intentó “criminalizar” las protestas que piden la salida del presidente Alejandro Giammattei, apoyándose en actos de violencia que ocurrieron al margen de las manifestaciones.
“Rechazo los actos de vandalismo ocurridos al margen de las manifestaciones convocadas por la ciudadanía”, dijo Rodas en un comunicado que compartió en Twitter.
Rodas, procurador de Derechos Humanos, escribió además en la red social que “no es ético que el Ministerio de la Gobernación use el vandalismo para justificar la persecución contra periodistas y defensores derechos humanos y criminalizar la legítima manifestación ciudadana”.
No es ético que @mingobguate use al vandalismo para justificar la persecución contra #periodistas y defensores de #DDHH; y criminalizar la legítima manifestación ciudadana. Es perverso querer responsabilizar a @PDHgt por la ineficiencia de fuerzas de seguridad@RELE_CIDH @PVacaV pic.twitter.com/65Jf2ddWBU
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) November 29, 2020
El sábado, miles de guatemaltecos reanudaron sus protestas exigiendo la renuncia del presidente, en la plaza ubicada frente a la antigua sede de gobierno, en la capital.
Los manifestantes responsabilizan al derechista Giammattei de elaborar con opacidad el presupuesto del país para 2021, que luego debió ser anulado ante las demandas ciudadanas.
Tras horas de protesta pacífica, un grupo de personas con el rostro cubierto llegó en un autobús del servicio público sin pasajeros y le prendió fuego frente al Palacio Nacional.
Durante esos incidentes resultaron heridos tres periodistas, cinco policías y tres delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Rodas pidió a Giammattei la destitución del ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, y del director general de la Policía, José Tzubán, quienes debieron actuar “garantizando la integridad de los manifestantes y el resguardo de los bienes públicos y privados”.
Al respecto, el ministro Reyes aseguró que “se están realizando las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de los hechos deplorables que pusieron en riesgo a la población”.
Consideró que la quema del autobús fue “un acto totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país”.
Según él, quienes participaron de este hecho también estuvieron involucrados en el incendio de parte de las oficinas del Parlamento, ocurrido durante las manifestaciones del 21 de noviembre.
“No son actos aislados y forman parte de la misma estrategia”, aseguró Reyes. No obstante, dijo que el gobierno reconoce “el derecho a manifestarse pacíficamente”.
