La Universidad de Harvard ha intensificado su enfrentamiento legal con la administración del expresidente Donald Trump al presentar este viernes una demanda en un tribunal federal.
La acción judicial, según reportó CNN y otros medios internacionales, busca revertir la medida del Gobierno de prohibirle inscribir a estudiantes internacionales, alegando que esta decisión es ilegal y una represalia política.
La demanda sostiene que la exclusión de Harvard del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), viola derechos constitucionales protegidos por la Primera Enmienda.
En el documento legal, Harvard afirma que esta decisión forma parte de un intento del Gobierno por intervenir en la autonomía académica de la institución, incluyendo el control de su currículo, contrataciones y expresión ideológica.
La universidad solicita a un juez federal que suspenda de inmediato la orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ordenó la revocación de la certificación del SEVP, argumentando que Harvard se negó a entregar registros de comportamiento de estudiantes extranjeros requeridos por el DHS.
El DHS declaró que, a raíz de esta revocación, Harvard ya no podrá aceptar nuevos estudiantes internacionales y los actuales deberán transferirse a otras instituciones o enfrentarse a la pérdida de su estatus legal migratorio.
La decisión afecta a más del 27% del cuerpo estudiantil de Harvard, compuesto por alumnos de más de 140 países.
La Universidad de Harvard cuenta con 9,970 personas en su comunidad académica internacional, y 6,793 estudiantes internacionales que representan el 27,2 % de su matrícula en el año académico 2024-25.
En una carta enviada a la universidad, Noem indicó que Harvard podrá recuperar su certificación si entrega cinco años de registros relacionados con la conducta de estudiantes extranjeros dentro de un plazo de 72 horas.
La Casa Blanca defendió la decisión afirmando que “matricular a estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho”, y acusó a la universidad de no abordar de manera efectiva supuestos incidentes de antisemitismo y de permitir protestas en apoyo a causas consideradas por el Gobierno como “antiestadounidenses”.
El portavoz de Harvard, Jason Newton, calificó la medida como una “acción de represalia” que pone en riesgo tanto la integridad de la comunidad universitaria como su misión académica. “Esta acción amenaza con dañar profundamente no solo a nuestra universidad, sino también al país, al obstaculizar la educación e investigación internacional que enriquecen a ambas partes”, señaló.
Harvard ha sido una de las voces más firmes en contra de las presiones del Gobierno para modificar sus políticas internas relacionadas con diversidad, inclusión y participación estudiantil. A pesar de que otras universidades enfrentan presiones similares, Harvard ha asumido un rol de liderazgo en la defensa de su independencia institucional.
